El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, propone que los requisitos para solicitar una consulta popular sean menos engorrosos.

“Que sea el uno por ciento de la lista nominal o el 30 por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso para realizar la petición”, propone el legislador.

En conferencia de prensa, el morenista indicó que esto es para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas como la Consulta Popular.

Monreal Ávila propone disminuir el porcentaje, que actualmente es del 2 por ciento de la lista nominal de electores, dejándolo en el uno por ciento del total de inscritos en dicha lista.

Asimismo, plantea que el porcentaje necesario para que el resultado de la Consulta sea vinculatorio los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes, que actualmente es del 40 por ciento, ahora sea del 30 por ciento.

De la misma manera, establece que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional se realicen una vez cada año y solamente respecto de una petición de consulta.

El legislador indica que uno de los mecanismos de participación ciudadana que durante los últimos años ha cobrado gran importancia en nuestro país es la consulta popular.

Detalla que este ejercicio permite ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que la voluntad de las mexicanas y los mexicanos, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

Señala que la consulta popular no solo se encuentra reconocida y contemplada en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sino también en nuestra Constitución Federal, al igual que su procedimiento para llevarse a cabo.

Asegura que, a pesar de la existencia de este mecanismo, factores como la pérdida de la confianza institucional y el desinterés, han generado que la ciudadanía se involucre menos en la toma de decisiones públicas.