El Consejo de la Judicatura Federal exige más de 40 millones de pesos por fallas en la construcción del Centro de Justicia Penal Federal
Ciudad de México.— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la empresa Dorama, Institución de Garantías, S.A., por el presunto incumplimiento de un contrato de obra pública relacionado con la edificación del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua.
De acuerdo con la demanda, Dorama deberá responder por un monto de 40 millones 753 mil 507.87 pesos, en concepto de recuperación del anticipo otorgado, así como por intereses, penalidades y costas judiciales derivadas del incumplimiento.
El contrato, identificado con la clave CJF/SEA/DGIM/LP/13/2016, fue suscrito el 5 de diciembre de 2016, con un presupuesto original de 133 millones 885 mil 547.26 pesos y un plazo de ejecución de 180 días naturales. La obra debía concluirse durante 2017, sin embargo, nunca fue terminada.
El proyecto contemplaba la construcción del Centro de Justicia Penal Federal como un anexo del edificio sede ubicado en Avenida Mirador 6500, en la colonia Fraccionamiento Residencial Campestre Washington, en la ciudad de Chihuahua. Tras una licitación pública nacional, la obra fue adjudicada a la empresa Administradora de Inmuebles y Fincas, S.A. de C.V., y respaldada por dos pólizas de garantía emitidas por Dorama: una por el anticipo recibido y otra por el cumplimiento del contrato.
No obstante, el CJF documentó a través de diversos oficios que la constructora incumplió con sus obligaciones contractuales, lo que motivó la rescisión formal del contrato el pasado 6 de junio de 2025. Tres días después, el 9 de junio, la Judicatura presentó la demanda contra la afianzadora ante la Suprema Corte.
La SCJN admitió el recurso el 15 de julio, ordenando la integración del expediente, el emplazamiento de la parte demandada —quien deberá responder en un plazo de cinco días hábiles tras la notificación— y la tramitación del caso a través de la vía especial de fianzas, figura jurídica prevista para este tipo de reclamos.
Como parte del proceso, también se notificó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), únicamente para efectos informativos, ante la posibilidad de una eventual intervención por embargos o revisión de pasivos por parte de la empresa afianzadora.
EJ.