Ciudad de México — El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrirá una nueva ruta en el caso Ayotzinapa con la integración de un nuevo grupo de expertos independientes, a solicitud de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Para ello, México acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en busca de perfiles especializados que fortalezcan las investigaciones.
La decisión fue anunciada tras una reunión entre la mandataria y los padres de los estudiantes, realizada este jueves en Palacio Nacional, donde nuevamente expresaron su inconformidad por los escasos avances en el caso, a más de una década de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabece el acercamiento con la ONU para conformar un nuevo equipo de investigación independiente, luego de que el anterior —el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)— se disolviera en 2023 ante la falta de cooperación del Ejército y la negativa de entregar información clave.
Aunque los familiares insisten en el regreso del GIEI, Sheinbaum dejó en claro que no será posible retomar ese mismo grupo. “No será el GIEI, porque todos sabemos qué problemas tuvo y muchos de sus integrantes ya ni están interesados en regresar”, señaló.
La presidenta adelantó que la nueva estrategia de investigación se centrará en una aproximación más científica, con énfasis en el análisis de dispositivos móviles, registros de llamadas y otras herramientas tecnológicas, que —según explicó— no habían sido empleadas en investigaciones anteriores. “Esta metodología puede ofrecernos un mayor conocimiento sobre la verdad y el paradero de los jóvenes”, dijo.
No obstante, las familias de los normalistas criticaron que hasta ahora no se ha generado información nueva a partir de esta nueva estrategia y exigieron que no se desechen las líneas de investigación previas, sustentadas en testimonios y documentos acumulados durante los últimos diez años.
Desde el inicio del caso, la ONU ha sido un actor crítico del manejo del expediente por parte del Estado mexicano. En varias ocasiones ha señalado omisiones y obstáculos en la investigación oficial, e incluso ha respaldado públicamente al GIEI frente a las resistencias institucionales.
El último roce entre el gobierno mexicano y el organismo internacional ocurrió en abril pasado, cuando el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que las desapariciones en México son “sistemáticas y generalizadas”, y pidió frenar la militarización del país. La entonces presidenta electa respondió tajante: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”.
Finalmente, Sheinbaum reconoció la frustración expresada por las familias tras el encuentro del jueves, pero pidió paciencia. Aseguró que el fiscal especial del caso trabaja en afinar una carpeta robusta, con evidencia sólida que permita solicitar órdenes de aprehensión ante jueces. “Después de once años, no se trata solo de actuar rápido, sino de hacerlo bien”, remató.