El Gobierno de la Ciudad de México se deslindó del desalojo ocurrido el pasado miércoles en el inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, al asegurar que se trató de una diligencia derivada de un juicio civil entre particulares, y no de una acción promovida por autoridades capitalinas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno detalló que la intervención de 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondió únicamente a una orden emitida por el Juzgado 54 de lo Civil del Poder Judicial local, con el objetivo de brindar seguridad al actuario encargado de ejecutar el lanzamiento.
“No se trató de una acción ordenada por el Gobierno de la Ciudad, sino de un desalojo instruido por un juez en el marco de un juicio civil ordinario”, enfatizó la dependencia.
Asimismo, se informó que tras el desalojo, personal del Instituto de Vivienda (INVI) acudió al sitio para brindar atención a las personas afectadas, quienes solicitaron apoyo para encontrar una alternativa habitacional. Sin embargo, las autoridades no detallaron qué tipo de ayuda podría otorgarse.
Afectados denuncian falta de notificación
Durante la diligencia, los inquilinos desalojados denunciaron que no se les presentó ninguna orden judicial y que el operativo se realizó sin previo aviso. Según su testimonio, sus pertenencias —colchones, muebles, ropa y utensilios— fueron sacadas del edificio y dejadas en la banqueta y el arroyo vehicular.
Los afectados señalaron además que el juez que emitió la orden es el mismo que ha autorizado otros desalojos recientes en la misma zona del Centro Histórico. Como ejemplo, mencionaron el caso del inmueble ubicado en República de Cuba 18, a solo unos metros del predio desalojado, donde al menos cuatro familias han sido retiradas en semanas anteriores. Ahí, se instaló recientemente un centro cultural llamado “Bellas Artes”.
También recordaron el desalojo en el edificio Combaluzier, en República de Cuba 12, inmueble que, dijeron, sí tiene propietario legal y que ha sido destinado para servicios de hospedaje a través de plataformas digitales.
Se organizan para responder legalmente
Los residentes desalojados permanecen en un campamento improvisado frente al predio, donde han recibido apoyo de organizaciones sociales, que les han proporcionado víveres, lonas y cobijas ante las lluvias. Informaron que ya se preparan acciones legales: por un lado, promoverán un amparo contra el desalojo, y por otro, alistan una denuncia colectiva.
Relataron que en su momento intentaron comprar el edificio al entonces poseedor legal, Fernando Díaz Pérez de León, quien compartía la propiedad con una hermana. Sin embargo, el acuerdo no se concretó debido a diferencias entre inquilinos, y tras el fallecimiento de los copropietarios, el inmueble quedó en situación intestada.
Aseguran que hasta hace 10 o 12 años pagaban renta a representantes legales de los propietarios, pero después éstos dejaron de cobrar e incluso se negaron a proporcionar cuentas para realizar depósitos. A pesar de ello, los inquilinos afirman que continuaron pagando servicios básicos como agua y luz.
EJ.