Ciudad de México.— La Secretaría de Gobernación dio a conocer el nuevo Protocolo Nacional para la activación de la Alerta de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual establece que la notificación deberá emitirse de manera inmediata, automatizada y simultánea a todas las autoridades involucradas.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, subraya que ante un reporte de desaparición la respuesta institucional debe ser coordinada y sin dilaciones, a fin de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la efectividad en la localización.
Uno de los puntos centrales del protocolo es que la alerta no tendrá fecha de caducidad: permanecerá activa hasta que exista confirmación oficial sobre el paradero de la persona.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) será la instancia encargada de generar y remitir de forma automatizada la Ficha de Búsqueda a fiscalías especializadas, comisiones locales, dependencias de los tres órdenes de gobierno y actores del sector privado y social. La información será distribuida mediante canales electrónicos previamente definidos.
Cada ficha deberá contener datos esenciales como nombre completo, edad, sexo y género, fotografía reciente, fecha y lugar de la desaparición, señas particulares, posibles condiciones de vulnerabilidad, datos de contacto y un Folio Único de Identificación.
Los reportes podrán presentarse a través del portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por vía telefónica o aplicaciones de mensajería. No obstante, si la información proporcionada no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley, no se generará la ficha ni se activará la alerta.
El protocolo precisa que, aun cuando no exista carpeta de investigación, la CNB podrá emitir la Ficha de Búsqueda y dar aviso a la fiscalía competente para que inicie las indagatorias correspondientes. La falta inicial de denuncia formal no impedirá la activación del mecanismo.
A su vez, las fiscalías deberán abrir un expediente, designar un canal oficial para recibir información y realizar búsquedas en sus bases de datos. También deberán solicitar colaboración a hospitales públicos y privados, la Cruz Roja Mexicana, centros de atención a adicciones y otras instituciones que pudieran aportar datos relevantes.
El esquema contempla la aplicación de protocolos específicos como la Alerta AMBER México, el Protocolo Alba y la Ficha Amarilla de INTERPOL, cuando el caso lo amerite.
Si se trata de personas migrantes extranjeras, se solicitará apoyo al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además de la coordinación institucional, la difusión será amplia y nacional, salvo que exista una causa justificada para restringirla. Se contempla la colaboración de empresas de telecomunicaciones, instituciones financieras, transportistas terrestres, marítimos y aéreos, compañías turísticas, cadenas comerciales, restaurantes, así como empresas del sector alimentario y lácteo, que deberán replicar la ficha por medios físicos o digitales.
El documento también prevé sanciones para servidores públicos o particulares que incumplan con las obligaciones establecidas, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Finalmente, se establece que el protocolo será evaluado al menos cada seis meses por la CNB, con la participación de colectivos y familias de personas desaparecidas, a fin de revisar su eficacia y realizar los ajustes necesarios.
Con esta medida, el gobierno federal busca fortalecer la reacción inmediata ante desapariciones y consolidar un sistema de búsqueda más ágil, articulado y con alcance nacional.
