Mientras el Gobierno Federal de México intensifica la inyección de recursos a través de convenios de coordinación para el fortalecimiento de la atención a grupos vulnerables, una realidad paralela pone en duda el objetivo final de estas políticas. Bajo el pretexto de gestionar la movilidad, el Estado mexicano ha consolidado una infraestructura operativa en la frontera sur y el estado de Chiapas que, lejos de garantizar la integridad familiar, se alinea con prácticas de detención y separación que han sido señaladas internacionalmente como experiencias traumáticas para la niñez.
La contradicción del financiamiento federal Recientemente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Chiapas y gobiernos municipales, ha oficializado convenios para transferir subsidios destinados a la creación y operación de centros de alojamiento. Estos proyectos, identificados bajo claves operativas, buscan formalizar la asistencia social en municipios estratégicos de la frontera sur. No obstante, el historial de gestión migratoria en la zona sugiere que estos espacios corren el riesgo de convertirse en nodos de retención en lugar de albergues de protección.
Un modelo de separación institucionalizada
A pesar de que la cultura mexicana tradicionalmente exalta los valores de unión y protección familiar, la política migratoria ha normalizado la separación de menores. Informes de organismos como UNICEF han documentado procedimientos donde, al ser detectados por autoridades migratorias, los niños de 12 años en adelante son confinados en zonas separadas, incluso si viajan acompañados por sus padres o tutores. Este procedimiento, aplicado sistemáticamente en la frontera sur, implica que los menores permanezcan semanas o incluso meses detenidos sin acceso a servicios básicos o actividades de recreación, exacerbando un «estrés tóxico» que, según especialistas en psiquiatría infantil, altera irreversiblemente el desarrollo cerebral, las capacidades ejecutivas y la salud mental de los niños.
El riesgo de un mercado de la vulnerabilidad
La crisis es multidimensional. El informe de UNICEF advierte que la precariedad de la gestión en Chiapas y otros puntos de la frontera sur ha empujado a las familias migrantes hacia rutas más peligrosas bosques y pasos de montaña—donde son presa fácil de contrabandistas, bandas criminales y redes de trata.
A esta vulnerabilidad se suma una preocupación creciente sobre el destino final de los menores bajo custodia del Estado. La opacidad en la operación de centros de asistencia social, sumada a legislaciones locales en estados vecinos que facilitan esquemas de adopción, ha generado alertas sobre la posibilidad de que el sistema sea utilizado por redes que, bajo el concepto de adopción institucional, facilitan el tráfico de menores. Cuando el Estado separa al niño de su familia para ingresarlo a un centro de detención, el menor pierde su red de protección natural, convirtiéndose en un sujeto expuesto a un sistema institucional que carece de protocolos estrictos para garantizar su interés superior y su reunificación.
Hacia un círculo vicioso de adversidad
La repatriación, lejos de resolver la situación, condena a estas familias a un círculo vicioso. Las familias regresan a sus lugares de origen con deudas impagables tras haber intentado financiar viajes peligrosos, enfrentándose a un estigma social que califica a los retornados como «fracasados» y a las menores como «mancilladas» por la violencia sexual que pudieron sufrir durante el trayecto.
Ante este escenario, la agenda de protección propuesta por organismos internacionales parece distar mucho de la práctica operativa en la frontera sur. Mientras el Gobierno Federal apuesta por ampliar la capacidad instalada de sus centros mediante recursos del presupuesto nacional, las voces de expertos insisten en que ninguna inversión en infraestructura será suficiente si no se pone fin a la detención de menores, se garantiza la unidad familiar como principio rector y se atienden las causas estructurales pobreza, violencia y crisis sistémicas que obligan a miles de personas a desplazarse cada año hacia territorio mexicano.
Por. A.G. Información. DOF.
