La gran promesa de la justicia distributiva en el acceso a la educación superior en México vive una de sus crisis estructurales más agudas, atrapada entre el colapso de sus indicadores de eficiencia y la opacidad de su alta burocracia. Lo que en las plazas públicas se sembró como el proyecto estandarte para resarcir la exclusión escolar en las comunidades históricamente marginadas del país las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) es hoy un sistema fracturado por una deserción estudiantil que alcanza el 70 por ciento.
Detrás de este desmoronamiento institucional no se encuentra una falta de voluntad política original, sino una sistemática cadena de fallas operativas, simulación de calidad e intransigencia administrativa imputables directamente a su Directora General, la Dra. Raquel Sosa Elízaga. El conflicto ha desbordado los muros de los planteles rurales para instalarse en el corazón de Pátzcuaro, Michoacán, donde la imposición de una doble directiva en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) expone una sofisticada ingeniería de triangulación de ingresos y un blindaje diplomático que elude la transparencia republicana, consolidando lo que las bases sociales y los académicos disidentes catalogan como la gran traición interna al legado obradurista.
La doble directiva y la ingeniería financiera del secretismo
En el plano estrictamente legal de la administración pública federal mexicana, el artículo 127 de la Constitución y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos imponen un cerco infranqueable: ningún funcionario puede percibir dos sueldos simultáneos provenientes del erario público ni ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Bajo este marco regulatorio, las consultas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) arrojan un registro unívoco: la Dra. Raquel Sosa Elízaga percibe un salario neto mensual de $91,518 pesos libres ($131,600 pesos brutos) como titular del Organismo Coordinador de las UBBJ. Ante los ojos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la norma se cumple.
Sin embargo, en la realidad de la alta ingeniería financiera, la designación de Sosa Elízaga como Directora General del CREFAL cargo que asumió de manera paralela controlando de forma absoluta la institución abre una compuerta de ingresos y viáticos inaccesible para la fiscalización mexicana. El CREFAL, fundado en 1951 mediante un acuerdo internacional, posee el estatus de organismo regional autónomo. Esta condición jurídica le otorga inmunidad diplomática y lo exime de integrar el detalle de sus nóminas y fideicomisos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Las vías alternas de financiamiento burocrático
Históricamente, la dirección del CREFAL ha operado como un «botín dorado» para la tecnocracia de la vieja política; gestiones pasadas, como la de la panista Mercedes Calderón, demostraron cómo se utilizaba el centro para adjudicar sueldos que duplicaban los topes de la administración federal. Bajo la actual gestión, la simulación opera mediante mecanismos que no se etiquetan formalmente como «salario base» en el tabulador federal, pero que cumplen la misma función práctica de enriquecimiento de la cúpula:
- Honorarios por Asesorías y Coordinación Internacional: Al ser un ente financiado por 13 países miembros de América Latina y el Caribe, la dirección general puede adjudicarse pagos directos por la «coordinación de proyectos especiales de alfabetización», fondeados con divisas y recursos externos que escapan a la contabilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
- Bolsas Discrecionales de Gastos de Representación: Fideicomisos internos destinados a la «logística, transporte, seguridad y relaciones diplomáticas» de la Dirección General. Estos recursos se entregan bajo esquemas de viáticos mensuales fijos que no requieren la comprobación fiscal estricta exigida a cualquier dependencia mexicana ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Estímulos y Bonos de Gestión: Compensaciones extraordinarias aprobadas de forma interna por el Consejo de Administración del centro, blindadas por el estatuto internacional del organismo.
Mientras el discurso oficial defiende una austeridad de cara al pueblo, las entrañas del CREFAL operan como un refugio de opacidad financiera, permitiendo que su titular mantenga un doble flujo de ingresos permanentes mientras las universidades rurales carecen de los insumos más elementales.
II. Radiografía del naufragio técnico: Un 70% de deserción estudiantil
El diseño macro del proyecto de las UBBJ partió de una premisa política inamovible dictada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: «cero rechazo» a la juventud, eliminación de los exámenes de admisión excluyentes y la entrega universal de la beca «Jóvenes Escribiendo el Futuro» —que en este 2026 representa un apoyo sustancial para el sustento de los estudiantes—. La intención histórica era abrir las puertas de la educación superior a los sectores desprotegidos.
No obstante, los datos consolidados de fiscalización y las auditorías de campo revelan que la ejecución técnica de Raquel Sosa transformó esta política de justicia social en una fábrica de deserción. El filtro que el modelo eliminó en la puerta de entrada, terminó aplicándose de la manera más cruel en el interior de las aulas: el 70 por ciento de los alumnos inscritos abandona la universidad durante los primeros cuatro semestres.
El desglose de los indicadores de eficiencia institucional
| Dimensión Operativa | Meta / Discurso Oficial | Realidad Técnica Certificada (2026) |
| Presupuesto Ejercido | Más de $7,500 millones de pesos acumulados desde 2019. | Costo subfinanciado por alumno; inversión insuficiente para carreras científicas e ingenierías. |
| Filtro de Ingreso | Acceso universal e inscripción directa con certificado de bachillerato. | Ausencia de programas de nivelación real; los alumnos se enfrentan al rigor técnico con rezagos severos de educación media. |
| Infraestructura | 215 sedes construidas con participación comunitaria. | Planteles tipo «cascarón»: aulas de cemento y pizarrones, sin bibliotecas físicas, laboratorios ni conectividad. |
| Certificación y Egreso | Más de 10,000 títulos entregados de validez oficial. | Rezago administrativo de hasta 3 años para la entrega de cédulas profesionales; rechazo en el sector laboral regulado. |
La causa principal de la deserción radica en la incompatibilidad entre el rezago académico con el que ingresan muchos jóvenes procedentes de bachilleratos rurales deficientes y la total ausencia de un sistema institucional de nivelación. Al carecer de tutorías académicas sólidas y de una estructura pedagógica real, el alumno se ve rebasado por las materias de especialización, optando por abandonar el plantel. La beca económica funciona como un incentivo de inscripción, pero un apoyo financiero no puede resolver las carencias cognitivas ni la falta de infraestructura de una escuela deficiente.
III. La política de las maquetas: Estudiar medicina sin laboratorios
El gran orgullo de la gestión de Sosa Elízaga ha sido el modelo de construcción civil. Para evitar la corrupción de las constructoras tradicionales, el presupuesto federal se asignó directamente a los «Comités Escolares de Administración Participativa», integrados por padres de familia y ciudadanos locales. Si bien este mecanismo reactivó las economías comunitarias y garantizó que el dinero se gastara en la localidad, en el plano de la ingeniería civil y pedagógica el resultado fue un desastre estructural.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado reiteradamente la carencia de planos arquitectónicos validados, dictámenes de seguridad estructural y memorias técnicas de construcción en decenas de sedes. Lo más grave, sin embargo, es el equipamiento técnico.
En regiones como la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y el norte del país, se abrieron de manera masiva las carreras de Medicina Integral y Salud Comunitaria, así como ingenierías agroforestales y civiles. Hoy, los testimonios de estudiantes y los reportes de inspección confirman que estas sedes operan en condiciones de precariedad absoluta:
- Medicina de pizarrón: Alumnos de semestres avanzados de medicina realizan sus estudios sin haber pisado jamás un anfiteatros funcional, sin reactivos químicos para prácticas de bioquímica, y simulando procedimientos clínicos con muñecos de plástico y maquetas de cartón.
- Ingenierías sin software: Carreras de ingeniería que carecen de centros de cómputo actualizados, licencias de software especializado para el cálculo de estructuras o maquinaria pesada para prácticas de campo.
Este modelo de «austeridad extrema» devino en una precarización educativa. El Organismo Coordinador entrega un título profesional con validez legal ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero cuando el egresado acude al mercado laboral real de México —o intenta incorporarse a instituciones del sector salud como el IMSS o el ISSSTE— topa con pared. Las instituciones exigen perfiles con un número elevado de horas de práctica clínica en hospitales de segundo y tercer nivel y un dominio técnico que el cascarón educativo de las UBBJ es incapaz de respaldar, condenando a los egresados al subempleo.
IV. Micromanagement y persecución laboral: El estrangulamiento del magisterio
Para que un sistema universitario funcione a largo plazo, se requiere estabilidad y certidumbre para su cuerpo docente. En las UBBJ, la realidad laboral es de una vulnerabilidad absoluta. Bajo el diseño administrativo impuesto por Raquel Sosa, los profesores de las universidades no cuentan con plazas definitivas, derechos de antigüedad, seguridad social tradicional ni derecho a la libre asociación sindical.
Los académicos son contratados bajo la figura jurídica de «convenios de asignación de subsidios» temporales por ciclo escolar. Este esquema de contratación convierte al profesorado en una plantilla de jornaleros de la educación, sujeta a la voluntad discrecional de la dirección general.
El estilo de gobierno de Sosa Elízaga se define en la ciencia política como micromanagement o hipercentralización: ninguna decisión, por mínima que sea —desde el despido de un intendente hasta la compra de un paquete de hojas en una sede de Quintana Roo o Sonora— se realiza sin la firma y validación de la rectora en sus oficinas centrales.
Esta concentración del poder detonó un patrón de persecución laboral sistemática. Cuando grupos de docentes en sedes de la Ciudad de México, el sur y el norte del país intentaron organizarse para exigir la compra de microscopios, materiales de laboratorio y certidumbre laboral mínima, la respuesta del Organismo Coordinador fue el despido fulminante de más de un centenar de académicos, sustituyéndolos de inmediato para evitar cualquier foco de disidencia. La rotación constante de profesores destruye la continuidad pedagógica de las carreras, hundiendo aún más la calidad de la enseñanza.
La ocupación del CREFAL: Canibalismo institucional
La crisis de las UBBJ terminó por devorar y colapsar a otras instituciones del Estado mexicano. Al encontrarse saturada operativamente por la administración de 215 sedes dispersas y ante la urgencia de centralizar el control político del sistema educativo, la dirección de las UBBJ ejecutó una estrategia de ocupación en el CREFAL en Pátzcuaro, Michoacán.
La burocracia central de las universidades fue incrustada a la fuerza en las instalaciones históricas del organismo internacional. Lejos de potenciar las funciones originarias del CREFAL en materia de educación para adultos en América Latina, la rectora utilizó la infraestructura, el personal y los recursos del centro internacional para ponerlos al servicio logístico de las UBBJ.
Esta acción generó un severo conflicto laboral con el sindicato de trabajadores del CREFAL, derivando en despidos masivos de personal técnico e investigadores con trayectoria, la toma permanente de las instalaciones por parte de los trabajadores afectados y la parálisis de los programas de cooperación internacional de México con el resto del continente. La centralización absoluta terminó destruyendo una institución histórica para intentar sostener el cascarón de un proyecto universitario deficiente.
Análisis Político-Institucional: La ceguera dogmática consumada como traición
En los debates de las organizaciones magisteriales, los comités de egresados y las corrientes de izquierda que impulsaron la transformación del país, la palabra «traición» es el término recurrente para calificar la gestión de Raquel Sosa. Sin embargo, para la ingeniería de políticas públicas, el fenómeno es más complejo y destructivo: se trata del triunfo del dogma ideológico sobre la viabilidad científica y técnica.
El creador intelectual e ideológico de las UBBJ fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él dictó la línea política macro: abrir espacios para los jóvenes excluidos y canalizar los recursos directamente al pueblo. Raquel Sosa no ha traicionado esos postulados en el plano discursivo; al contrario, se asume como la guardiana más radical de esa doctrina. La verdadera traición radica en la ejecución operativa del programa.
Sosa Elízaga operó bajo el supuesto dogmático de que los controles de calidad académica, la investigación científica rigurosa, los laboratorios equipados con tecnología de punta y los procesos de acreditación externa eran herramientas «neoliberales y elitistas» diseñadas para excluir. Al purgar al sistema de estos estándares mínimos de la ciencia contemporánea, privó a los estudiantes de las comunidades marginadas de las herramientas reales para salir de la pobreza.
Conclusión técnica
El balance de las Universidades Benito Juárez en este 2026 expone una contradicción insostenible. El gobierno federal ha invertido más de $7,500 millones de pesos que, bajo una ingeniería financiera óptima, habrían bastado para ampliar de forma masiva la infraestructura de las universidades tecnológicas, politécnicas e institutos interculturales ya existentes, los cuales ya contaban con laboratorios certificados, vinculación laboral y certidumbre docente.
En lugar de ello, la gestión de Raquel Sosa edificó un sistema cerrado a la autocrítica, opaco en su alta burocracia mediante el uso del blindaje diplomático del CREFAL, y devastador para las expectativas de movilidad social de sus alumnos. Al final de la jornada, las UBBJ operan no como el semillero científico de la transformación de México, sino como una costosa y precaria política de asistencia social y contención del delito disfrazada de sistema universitario. La lealtad ciega al dogma terminó por sepultar el sueño de justicia educativa del pueblo mexicano.
Por. A.G.
