El Gobierno Federal, a través de la recién estructurada Secretaría de las Mujeres, formalizó la transferencia de 8 millones 500 mil pesEl Gobierno Federal, a través de la recién estructurada Secretaría de las Mujeres, formalizó la transferencia de 8 millones 500 mil pesos al Estado de México con el fin de subsidiar la operación y consolidación de sus Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos. El financiamiento público se instrumentará mediante dos mecanismos de asignación independientes, registrados bajo los códigos de proyecto R-2026-023 y R-2026-024, los cuales buscan blindar la continuidad de los servicios de asilo temporal y asistencia legal y médica en la entidad federativa.
Los convenios de coordinación y adhesión, suscritos formalmente en la capital del país el pasado 25 de marzo de 2026, vinculan jurídicamente a la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias federal, encabezada por Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, con las dependencias mexiquenses competentes. Por parte de la administración local, intervienen la Secretaría de Finanzas, representada por Oscar Flores Jiménez, y la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, bajo la conducción de María Esther Rodríguez Hernández, unidad que fungirá como la instancia ejecutora directa de la partida presupuestal asignada. Para garantizar el seguimiento y la transparencia de las operaciones, se designó como enlace federal a Brenda Montserrat Pérez L., Directora de Refugios e Instancias Locales de Atención Primaria, mientras que la representación operativa local recayó en la Coordinadora Administrativa, Olivia Carrillo Delgado (registrada también como Delgadillo).
A través del desglose técnico de los instrumentos fiscales, derivados de solicitudes estatales presentadas el 6 de febrero de 2026 y aprobadas por el Comité de Evaluación el 18 de febrero del mismo año, se confirmó que el proyecto R-2026-023 recibirá una asignación de 4 millones 500 mil pesos. Estos fondos se gestionarán mediante una cuenta específica de Banorte abierta el 10 de marzo de 2026, identificada con el número 1358574146 y CLABE 072420013585741463, bajo la autorización de Ángel González Arreola y Alejandra Fabiola Salinas Villa. Por su parte, el proyecto R-2026-024 dispondrá de 4 millones de pesos depositados en la cuenta independiente de Banorte número 1358575899 y CLABE 072420013585758993, autorizada para José Ángel González Arreola y Alejandra Fabiola Salinas Villa, consolidando así el fondo total estatal.
Bajo las estrictas reglas de operación que rigen los fondos del programa presupuestario federal U012 (relativo a la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas), la entrega de las ministraciones estará condicionada a una serie de candados administrativos de carácter obligatorio. Una de las principales innovaciones procedimentales radica en la implementación de un sistema de doble transmisión financiera: los recursos serán depositados inicialmente por la Federación en la Secretaría de Finanzas estatal, institución que dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles para dispersar íntegramente el capital a las cuentas bancarias específicas del Refugio. Todo movimiento de fondos exigirá la previa emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Además, en el caso del proyecto R-2026-023, se estipuló explícitamente que este apoyo federal es complementario a los programas locales vigentes publicados en la Gaceta del Gobierno el 20 de diciembre de 2024.
Asimismo, la normativa convenida estipula que los subsidios federales deberán ser administrados en cuentas bancarias productivas bajo la modalidad de «Enlace Global PM C/intereses», con una tasa equivalente al 90% de la TIIEF. No obstante, los lineamientos institucionales prohíben taxativamente que los Refugios utilicen los intereses financieros derivados de dichos fondos; cualquier rendimiento devengado tendrá que ser reintegrado en su totalidad a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Los rubros permitidos para la aplicación del capital comprenden el alojamiento temporal, alimentación, vestido, el mantenimiento arquitectónico y la seguridad perimetral de los inmuebles confidenciales, así como la compra de mobiliario y equipo debidamente inventariado y etiquetado. De manera prioritaria, se financiarán los honorarios del personal multidisciplinario técnico encargado de proporcionar acompañamiento psicológico, defensa legal, trabajo social y cuidados médicos especializados a las víctimas directas e indirectas del entorno familiar. Al mismo tiempo, los convenios imponen la obligación de transparentar las bitácoras operativas introduciendo de forma obligatoria los datos de los casos atendidos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Las autoridades gubernamentales han incorporado en las cláusulas de cierre advertencias perentorias sobre el uso político de los recursos públicos, cuya vigencia concluye formalmente el 31 de diciembre de 2026, fijando el 15 de enero de 2027 como límite para entregar el Acta de cierre del Proyecto. Toda la documentación de soporte del gasto deberá llevar impresa de manera indeleble la leyenda oficial de blindaje electoral que define al programa como público y ajeno a cualquier partido político. El incumplimiento, la falta de subsanación de inconsistencias o el desvío de los fondos fiscales motivará la rescisión inmediata del convenio por parte de la Federación y la devolución obligatoria de los subsidios a la TESOFE, además del inicio de los procedimientos de responsabilidad civil, administrativa o penal previstos por la legislación federal.
Por. A.G. Infomración. DOF-
