La reciente modificación constitucional aprobada por el Poder Legislativo que determina la elección democrática de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025 generó gran polémica en todo el país, sin embargo, el caso documentado de despojo del predio Manatí II ubicado en Tulum, Quintana Roo es una prueba fehaciente de la corrupción sistemática que impera en el Poder Judicial de la Federación.
El predio El Manatí II está anunciado en una página de internet dedicada a los bienes raíces con un precio público de 75 millones de dólares estadounidenses.
Dicho terreno le fue presuntamente despojado en el año 2015 al Lic. José María Trejo Ramón por medio de un proceso judicial ILEGAL encabezado por la empresa Corporación Turquesa del Caribe S.A. de C.V. en contubernio con los Jueces a cargo de las tres salas del H. Tribunal Colegiado de Cancún Quintana Roo según la denuncia penal número 94/2015.
El Lic. José María Trejo Ramón promovió la denuncia que involucra a jueces de distrito y a las tres salas del H. Tribunal Colegiado después de la mala praxis jurídica para desechar (sobreseídos) los juicios de amparo interpuestos para defender la propiedad del inmueble Manatí II.
«El Poder Judicial de la Federación operó de manera corporativa y fuera del marco legal para legitimar el despojo del predio fuera del estado de derecho» asegura el denunciante.
En una investigación realizada por el periodista Luis San Martín se documenta la aberración legal y el nombre de los funcionarios públicos involucrados en el despojo del terreno el manatí II. El despojo se ejecuta por medio de resoluciones ficticias basadas en razonamientos falsos para convalidar las resoluciones inicuas dictadas por los jueces de distrito.
El abogado José María Trejo Ramón puntualiza que las autoridades judiciales denunciadas incurren en la realización del tipo penal que prevé el artículo 225 fracción VII del Código Federal Penal, colocándose como coautores en el despojo.
El modus operandi consiste en que los Jueces de Distrito dictan una resolución incoherente, posteriormente el Tribunal Colegiado dicta una sentencia ejecutoria al margen del ordenamiento jurídico, dejando firme la sentencia dictada por jueces federales como coautores dolosos y sucesivos del despojo.
La reforma al Poder Judicial prevé la creación de un órgano contralor que se encargará de supervisar las sentencias judiciales para evitar casos de corrupción sistemática como el que afronta el Lic. Trejo Ramón donde el estado de derecho no existe.