El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó que gobiernos locales, dependencias federales y empresas productivas del Estado deberán justificar el uso de recursos públicos por un total de 661 millones de pesos, monto que aún no ha sido debidamente comprobado.
Durante la entrega del primer informe correspondiente a la Cuenta Pública 2024 ante la Cámara de Diputados, Colmenares detalló que de ese total, 413 millones de pesos corresponden a entes estatales y municipales, mientras que los 248 millones restantes involucran a instancias del ámbito federal.
“Una vez más, lamentablemente, la mayor parte de los recursos observados proviene de los estados, con un 60%. Le siguen entidades de la administración pública federal con el 30%, y finalmente, empresas productivas del Estado y algunas secretarías, que concentran el 10% restante”, puntualizó el auditor.
Este reporte es el primero de los tres que componen la revisión completa de la Cuenta Pública 2024, la última del sexenio anterior. El informe inicial contempla 152 auditorías, es decir, apenas el 7% del total de 2,199 revisiones programadas.
En el Salón Verde de San Lázaro, diputados de distintos partidos expresaron su preocupación por la limitada fiscalización a la administración central en comparación con el rigor aplicado a gobiernos locales.
Desde el PAN, el legislador Miguel Ángel Guevara Rodríguez instó a recuperar el equilibrio en las auditorías: “Debemos enfocar la fiscalización en donde verdaderamente se ejerce el poder y se toman decisiones que afectan a todo el país, en lugar de tratar el gasto federal como si fuera intocable”.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, exigió transparencia respecto al presupuesto de la refinería de Dos Bocas, cuestionando por qué sólo se auditó el 0.014% del total de sus recursos, a pesar de que el costo de la obra se ha triplicado. También pidió explicaciones sobre las irregularidades detectadas en el Tren Maya.
“Cada peso del presupuesto es dinero del pueblo. No podemos permitir que su uso indebido quede sin consecuencias”, sentenció Salas.
Durante su intervención, Colmenares destacó que por primera vez se auditará al 100% de los municipios y alcaldías de 19 entidades federativas, alcanzando una cobertura sin precedentes del 40% de los entes de gobierno local. En total, serán revisados 1,011 municipios, incluyendo aquellos con mayor peso presupuestal. Asimismo, se fiscalizará en los 32 estados el ejercicio de los recursos federales destinados a salud.
Finalmente, el diputado priista Emilio Suárez Licona subrayó la necesidad de que las auditorías no queden en simples observaciones, sino que generen consecuencias legales y administrativas.
“El poder debe estar sujeto a la ley, no a simpatías políticas. Celebramos que se hayan iniciado más de 4,900 expedientes por posibles faltas graves por un monto superior a los 180 mil millones de pesos, y más de 11 mil procedimientos por irregularidades menores”, expresó.
EJ.