Mientras el debate internacional sobre la responsabilidad en el tráfico de armas gana terreno en los organismos regionales, el gobierno de México reiteró su exigencia de acciones más firmes para frenar el ingreso ilegal de armamento al país.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la medida más efectiva que pueden adoptar otras naciones para apoyar a México es impedir que las armas crucen la frontera hacia territorio nacional. “La mayor ayuda que nos pueden dar es evitar que entren las armas”, expresó la mandataria al referirse al impacto que el tráfico ilegal tiene en la violencia que enfrenta el país.
Sheinbaum explicó que aún no está claro si la demanda presentada por el Estado mexicano en tribunales de Estados Unidos derivará en una acusación formal contra empresas del sector. No obstante, enfatizó que el propósito central es evidenciar la responsabilidad de fabricantes y vendedores que, al comercializar armamento sin controles suficientes, terminan facilitando su llegada al mercado ilícito.
Respaldo internacional a la postura mexicana
De forma paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza la postura que México ha defendido en el ámbito internacional sobre la regulación del comercio de armas.
De acuerdo con la cancillería, el pronunciamiento del tribunal regional establece que los Estados deben aplicar el principio de “debida diligencia” para regular, vigilar y fiscalizar la comercialización de armamento, incluso cuando estas actividades sean realizadas por empresas privadas.
El documento también destaca la importancia de que los países implementen mecanismos eficaces para evitar que las armas se desvíen hacia redes ilegales, además de adoptar sistemas que permitan rastrear su origen y seguir su circulación.
Responsabilidad de la industria armamentista
Según el gobierno mexicano, el criterio expresado por la corte respalda el argumento de que las compañías dedicadas a fabricar y vender armas desempeñan un papel relevante en el fenómeno de la violencia armada.
Las autoridades señalan que decisiones comerciales sin controles adecuados, así como la falta de supervisión en los procesos de distribución y venta, pueden tener repercusiones directas en la seguridad pública y en la protección de los derechos humanos.
La opinión consultiva —que tiene carácter orientativo y no vinculante— surge a partir de la solicitud presentada por México en 2022 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella, el país pidió al tribunal analizar el grado de responsabilidad que podrían tener las empresas privadas del sector armamentista cuando prácticas negligentes contribuyen a violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la petición buscó clarificar cuáles son las obligaciones de los Estados para garantizar acceso a la justicia y reparación a las víctimas afectadas por la violencia vinculada al tráfico ilícito de armas.
Con este respaldo jurídico regional, el gobierno mexicano busca fortalecer su estrategia diplomática y legal para exigir mayores controles sobre el comercio de armamento y reducir el flujo ilegal que alimenta la violencia en el país.
