El polémico impuesto a las remesas, impulsado por el expresidente Donald Trump, ha sido reducido al 1% en el último borrador del megaproyecto de ley que actualmente se debate en el Senado de Estados Unidos. Se espera que esta legislación sea aprobada antes de las celebraciones del 4 de julio.
Este porcentaje representa una disminución significativa respecto al 3.5% inicialmente propuesto por los congresistas republicanos y contrasta aún más con el 5% que la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado. Aunque aún no está claro si esta versión contará con el respaldo suficiente para avanzar, la reducción del impuesto indica que la mayoría republicana busca mitigar las críticas, especialmente en México, donde las remesas enviadas por millones de trabajadores en Estados Unidos representan una fuente vital de ingresos para muchas familias.
El nuevo documento del Comité de Finanzas del Senado especifica que, de aprobarse, el gravamen entraría en vigor después del 31 de diciembre de 2025 y solo aplicaría a envíos realizados mediante efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos similares. Argumentan que esta iniciativa evitaría un aumento de más de 4 billones de dólares en impuestos, lo que representaría un alivio fiscal para los contribuyentes estadounidenses.
Por otra parte, en el ámbito internacional, las principales economías del G-7 lograron un acuerdo para eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos del impuesto mínimo global propuesto por la OCDE. Este acuerdo es considerado una victoria para la administración de Trump, quien presionó para evitar gravámenes adicionales a las tecnológicas estadounidenses y, además, dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a su intención de imponer impuestos a estas empresas.
El acuerdo del G-7 establece que las empresas estadounidenses solo serán gravadas en su país de origen, tanto por sus ganancias nacionales como internacionales, según informó Canadá, que ocupa la presidencia rotativa del grupo. La decisión se tomó en parte gracias a los cambios recientes en el sistema fiscal internacional de EE.UU., incluidos en la legislación interna aún en discusión en el Congreso, y que buscan ofrecer mayor estabilidad y certeza en el sistema tributario global.
Desde 2021, cerca de 140 países acordaron implementar un impuesto mínimo global del 15%, en un acuerdo negociado bajo los auspicios de la OCDE, aunque Trump criticó duramente ese pacto. La OCDE aún debe decidir si eximirá a las empresas estadounidenses de ese impuesto.
El G-7 expresó su intención de encontrar rápidamente una solución aceptable y aplicable para todos los países involucrados. En respuesta a las políticas de EE.UU., el grupo creó un sistema conjunto que busca responder a la decisión de Trump de retirar su apoyo al acuerdo global de 2021 y de implementar medidas de represalia, como la Sección 899 del proyecto de ley presidencial.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que se logrará un acuerdo que defienda los intereses estadounidenses y solicitó a los legisladores retirar la medida de Trump que permite imponer gravámenes a empresas con propietarios extranjeros y a inversores de países que aplican impuestos considerados injustos a las empresas de EE.UU.
EJ.