Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará el próximo lunes al Senado una iniciativa para modificar el artículo 127 constitucional con el objetivo de fijar un límite a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel en entidades públicas, algunas de las cuales —según expuso— alcanzan hasta un millón de pesos mensuales.
La propuesta plantea que ninguna jubilación de exmandos de confianza supere el 50 por ciento de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. De aprobarse, el gobierno federal estima un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a programas sociales.
La reforma abarcaría empresas productivas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, entidades con participación estatal y banca de desarrollo. Quedarían excluidas las pensiones contempladas en contratos colectivos de trabajo, así como las correspondientes a ministros.
De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, el eje de la iniciativa responde a los principios de austeridad republicana, responsabilidad financiera y equidad en el uso de recursos públicos. La mandataria subrayó que la medida no tendría efectos retroactivos: quienes actualmente reciben montos elevados conservarán lo ya devengado, pero sus percepciones futuras se ajustarían al nuevo límite.
Como ejemplo, Sheinbaum señaló que al concluir su encargo se jubilaría bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con un monto que —dijo— rondaría los 30 mil pesos mensuales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14 mil jubilados que representan un gasto anual superior a 28 mil millones de pesos; de ellos, más de 9 mil perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales desde antes de la liquidación de la entidad.
En el caso de Petróleos Mexicanos, 544 pensionados superan la percepción presidencial, con un costo anual de mil 827 millones de pesos. Además, cientos de casos rebasan incluso los tabuladores salariales vigentes de la empresa productiva del Estado.
Situación similar se reporta en la Comisión Federal de Electricidad, donde más de 2 mil personas jubiladas reciben montos mayores a la remuneración neta de la titular del Ejecutivo, lo que implica un desembolso anual de casi cuatro mil 500 millones de pesos.
También se identificaron pensiones superiores a los máximos establecidos por el Issste y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como casos en entidades financieras del Estado como Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), donde decenas de pensionados superan los ingresos de la Presidencia.
La jefa del Ejecutivo enfatizó que la iniciativa no afecta derechos laborales de trabajadores sindicalizados ni prestaciones pactadas en contratos colectivos. “Se trata de eliminar privilegios en las altas esferas que siguen costando miles de millones de pesos al erario”, sostuvo.
El debate en el Congreso se perfila como una nueva prueba para la política de austeridad del actual gobierno, que busca consolidar límites salariales y de retiro en el sector público bajo el principio de que ningún servidor público debe obtener beneficios por encima del cargo más alto del país.
