La Cámara de Diputados dio un paso importante este miércoles al aprobar en lo general el proyecto de ley que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La sesión, marcada por tensiones y acusaciones, culminó con una votación de 445 votos a favor, en la que participaron Morena, sus aliados, PAN y MC, y una oposición que denunció un “albazo legislativo” por parte del bloque mayoritario, que en la madrugada envió una reserva que modificaba lo discutido en comisiones sin seguir el procedimiento establecido.
El debate, que duró poco más de tres horas y media, estuvo marcado por señalamientos del PRI, que acusó a la mayoría de enviar una adenda con cambios sustanciales sin la debida discusión y con la firma de solo seis de los 18 integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Rubén Moreira, coordinador del tricolor, advirtió que el texto de 480 páginas se presentaba sin oportunidad de reflexión ni lectura completa, lo que generó rechazo en la oposición.
A pesar de ello, la mayoría legislativa defendió la iniciativa, destacando que la ley establece la obligatoriedad de la coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno, profesionaliza a las fuerzas policiales mediante planes de acreditación y certificación, y permite que la Auditoría Superior de la Federación supervise el uso de fondos federales destinados a seguridad.
Asimismo, la propuesta obliga a mantener actualizados y compartidos los registros de seguridad en todos los niveles de gobierno, desde federal hasta municipal. Sin embargo, la oposición alertó que la iniciativa eliminó la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía celular, aunque este aspecto fue incluido en otra ley que aún será discutida.
Dolores Padierna, senadora de Morena, resaltó que la ley busca acabar con la descoordinación y promover la colaboración, la táctica y la estrategia en seguridad pública. Por su parte, Ricardo Mejía, del PT, celebró que la iniciativa impulse la certificación de todas las corporaciones policiales y homologue protocolos de actuación, además de fortalecer el sistema nacional de información en seguridad.
El PRI, en cambio, advirtió que la propuesta “desmantela el federalismo en seguridad pública”, al facultar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a suspender recursos federales a estados y municipios que no cumplan con los acuerdos, además de mantener la presencia militar en tareas de seguridad y otorgar amplias facultades discrecionales al SNSP, lo que, según sus críticos, representa un riesgo para las garantías democráticas.
El PAN también expresó su preocupación, señalando que la reforma refleja que la estrategia de seguridad de Morena ha fallado, aunque reconoció aspectos positivos como la posibilidad de bloquear señales en cárceles para evitar extorsiones. César Damián Retes afirmó que, si tras la implementación no se obtienen resultados, el gobierno debería asumir su responsabilidad o, en su caso, renunciar.
Tras la aprobación en lo general, los partidos de oposición presentaron reservas a la mayor parte del articulado, por lo que la discusión continúa en lo particular. La polémica está servida en un tema que será clave para la seguridad del país.
