La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración del expresidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía automática de hijos de migrantes nacidos en 28 estados, en una decisión que ha generado controversia y que podría tener profundas implicaciones en la política migratoria del país.
El fallo, emitido el pasado viernes por una mayoría de 6 votos contra 3 y redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett —designada por Trump—, sostiene que los tribunales federales excedieron su autoridad al bloquear la orden ejecutiva del mandatario, que busca redefinir unilateralmente quién puede ser considerado ciudadano estadounidense. La resolución afirma que las medidas cautelares a nivel nacional “exceden la autoridad que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
En sus declaraciones, la jueza Barrett explicó que los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, sino que resuelven casos específicos bajo la autoridad que les confiere el Congreso. Añadió que cuando un tribunal determina que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no debe ser que el tribunal también se exceda en sus facultades. La decisión fue respaldada por los otros cinco jueces conservadores, mientras que las tres juezas liberales expresaron su disconformidad.
Este fallo tiene un impacto directo en la capacidad del poder judicial para controlar las acciones del gobierno de Trump, así como de futuros presidentes. La controversia se centró en si un solo juez de un tribunal federal puede bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se resuelve en los tribunales.
Aunque la decisión no resuelve de manera definitiva las impugnaciones relacionadas con la ciudadanía por nacimiento, sí sienta un precedente que podría facilitar futuras acciones del gobierno para limitar derechos constitucionales relacionados con la nacionalidad. Diversos tribunales en todo el país han anulado intentos previos de Trump de impedir la ciudadanía a los nacidos en EE.UU. de padres inmigrantes, argumentando que esas decisiones solo debían afectar a los estados involucrados.
Críticos advierten que esta resolución podría abrir la puerta a despojar derechos constitucionales, incluyendo el derecho al voto, a ciertos grupos de niños nacidos en territorio estadounidense. La jueza Sonia Sotomayor calificó el fallo como “una farsa para el estado de derecho”, advirtiendo sobre las implicaciones de permitir que Trump redefina unilateralmente la ciudadanía bajo la 14ª Enmienda, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es ciudadana, salvo excepciones específicas.
Durante sus declaraciones, Trump celebró la decisión como una “gran victoria” y afirmó que esta resolución beneficia a su administración. En su cuenta de Truth Social, el expresidente calificó la decisión como una “estafa” que comenzó en la era del esclavismo y prometió reactivar las iniciativas que los tribunales federales habían paralizado tras el fallo del Supremo.
Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, también celebró la resolución, considerándola el fin de “las órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump” y resaltando el trabajo de los abogados del Departamento de Justicia y del procurador general, John Sauer, en la defensa de las políticas del mandatario.
El juez ultraconservador Samuel Alito advirtió que las órdenes judiciales a nivel nacional representan un “problema práctico”, ya que muchos jueces de distrito están convencidos de estar en lo correcto, lo que genera un “equilibrio inestable” en la separación de poderes. Sauer, en tanto, comparó estas órdenes con un “arma nuclear”, argumentando que alteran el equilibrio constitucional entre los poderes del Estado.
Este fallo marca un punto de inflexión en la lucha por los derechos migratorios y la autoridad presidencial en Estados Unidos, y abre un debate sobre los límites del poder judicial frente a las decisiones ejecutivas en un contexto de alta polarización política.
EJ.