Representantes de organizaciones obreras y defensoras de migrantes de siete países latinoamericanos y de Estados Unidos hicieron un llamado contundente a los gobiernos del continente: unirse frente a las políticas migratorias e intervencionistas del expresidente Donald Trump y sus efectos estructurales sobre la región.
El pronunciamiento se dio al cierre de la Conferencia Continental por el Derecho a Migrar, realizada este fin de semana en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UAM (SITUAM), en la capital del país. Ahí se reunieron 120 delegados de organizaciones sociales que trabajan con comunidades migrantes en toda América.
Como resultado del encuentro, se acordó convocar a una Jornada Continental de Acción por el Derecho a Migrar durante la segunda semana de marzo de 2026, con actividades simultáneas en todo el hemisferio.
“La política imperialista es la causa principal de las migraciones forzadas. Las guerras, el libre comercio, los ajustes estructurales y las intervenciones militares han desplazado a millones. Lo vemos hoy con Venezuela, víctima de sanciones económicas, amenazas de intervención y ataques directos a su soberanía”, advirtieron los participantes.
En un pronunciamiento conjunto, señalaron que las políticas de la era Trump siguen teniendo efectos devastadores sobre los pueblos de América Latina, no sólo en el ámbito migratorio, sino también en lo económico y social.
Destacaron que, aunque gobiernos como los de Lula Da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Xiomara Castro (Honduras) han manifestado públicamente su respaldo a los derechos de los migrantes, sus acciones siguen siendo aisladas.
“El adversario es demasiado fuerte como para enfrentarlo por separado. Lo que se necesita es una posición unificada de los gobiernos latinoamericanos frente al imperialismo y las causas estructurales del desplazamiento”, sostuvieron.
Durante la conferencia, también se analizaron las condiciones cada vez más restrictivas de las políticas migratorias estadounidenses, particularmente las promovidas bajo el mandato de Trump, así como sus impactos directos en comunidades migrantes.
Se resaltó que en enero de 2025, la población migrante de América Latina y el Caribe alcanzó una cifra récord de 53 millones de personas, lo que representa el 15.8% de la población total de la región. De ese total, más de 14 millones son migrantes no autorizados, en su mayoría provenientes de México, Centroamérica, Venezuela, Brasil, Cuba, Haití y otros países del continente.
Los asistentes hicieron un llamado urgente a los gobiernos de la región para coordinar políticas públicas de acogida, acceso a salud e inserción laboral, y dejar atrás la respuesta fragmentada que ha prevalecido hasta ahora.
“Migrar no es delito. Migrar es un derecho. Y este derecho está siendo violentado por estructuras económicas y decisiones geopolíticas que sólo benefician a las potencias”, afirmaron.
La Jornada Continental de Acción 2026 buscará visibilizar estas problemáticas, fortalecer la cooperación entre gobiernos progresistas y poner al centro la dignidad de las personas migrantes, muchas de ellas desplazadas por decisiones que se toman muy lejos de sus comunidades.
