Ciudad de México, 16 de noviembre de 2025 — La Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado con fuerza el caso Colosio al confirmar la participación de un supuesto “segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. (SinEmbargo MX)
¿Quién es el presunto segundo tirador?
La persona identificada por la FGR es Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quien, según las autoridades federales, disparó en el momento del crimen. (Diario Cambio)
Según la FGR, existen pruebas de laboratorio que apuntan a su culpabilidad: análisis de sangre revelaron que en la ropa del exagente se encontró tipo de sangre compatible con la de Colosio. (infobae)
Acusaciones de encubrimiento
Además, la Fiscalía ha señalado un supuesto encubrimiento por parte de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien habría intervenido para rescatar a Sánchez Ortega tras los hechos del asesinato.
Desarrollo reciente: detención y prisión
El 8 de noviembre de 2025, la FGR detuvo a Sánchez Ortega en Tijuana. (El Financiero) Posteriormente, un juez federal dictó formal prisión en su contra bajo cargos relacionados con el homicidio calificado, en la averiguación SE/003-BIS/95, la cual sostiene que él realizó al menos dos detonaciones en el atentado contra Colosio. (El Financiero)
Contexto de la reapertura
Esta confirmación revive una de las hipótesis más controversiales del caso: que hubo un complot de Estado detrás del magnicidio. Durante décadas se manejó la versión de un asesino solitario —Mario Aburto—, pero la FGR ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que existieran estructuras más complejas implicadas. (SinEmbargo MX)
Reacciones políticas
El caso ha generado cuestionamientos de diversos sectores. Algunas voces señalan que la reapertura del tema podría tener un componente político, en medio de críticas al gobierno actual por otros frentes. (El País) Por su parte, sectores que han exigido justicia por décadas ven en esto una oportunidad para esclarecer lo ocurrido y cerrar pendientes históricos.
