En Chihuahua, una sola familia acapara un caudal que en cualquier otro contexto sonaría a exageración: los LeBarón, conocidos por su origen mormón y su larga presencia en la región, cuentan con concesiones de agua que juntas sumarían el equivalente a 19 mil albercas olímpicas, de acuerdo con datos oficiales.
La Conagua tiene registrados 150 trámites a nombre de este clan, todos relacionados con el uso y descarga de agua. En números, se trata de 64 títulos para la explotación de aguas nacionales y 86 constancias para descarga de aguas residuales, mejor conocidas como constancias de libre alumbramiento. Todo junto representa 47.5 millones de metros cúbicos de agua subterránea, un volumen que en el semidesierto chihuahuense no pasa desapercibido.
Beneficios en tiempos familiares
La revisión de los expedientes revela un detalle que ha encendido alertas: 41 de las 86 constancias de libre alumbramiento fueron firmadas cuando Alex LeBarón encabezaba la oficina local de Conagua, periodo en el que su esposa, Brenda Ríos de LeBarón, fungía como delegada estatal de Semarnat. Ese lapso abarca de 2013 a 2015.
Tan solo esas 41 constancias concentran 24 millones de metros cúbicos, el equivalente a 9,600 albercas olímpicas, es decir, más de la mitad del volumen total.
Títulos otorgados por vía judicial
De los 64 títulos para uso de aguas nacionales, 17 surgieron a través de procesos judiciales, mismos que en conjunto permiten extraer más de 4.3 millones de metros cúbicos (aproximadamente 1,700 albercas olímpicas).
Estos litigios fueron resueltos principalmente por los juzgados primero, octavo y décimo de distrito en Chihuahua, que ordenaron la inscripción de los títulos más voluminosos en el padrón oficial.
Destino del agua
La mayoría de estas concesiones están dirigidas a actividades agrícolas. Según los reportes oficiales, 53 se relacionan directamente con plantaciones de nogal, mientras que 97 no especifican el tipo de cultivo para el que se usaría el recurso.
El Registro Público de Derechos de Agua detalla que estas inscripciones se realizaron mediante adhesiones a antiguos decretos presidenciales, transmisiones de derechos y órdenes emitidas por jueces federales, una ruta legal variada que, sin embargo, termina siempre en el mismo punto: el creciente control del agua en una de las regiones más áridas del país.
