En medio de tensiones con productores y organizaciones civiles, la Cámara de Diputados se prepara para liberar en las próximas horas el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de que el pleno las discuta la próxima semana. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración busca que la iniciativa quede aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, subrayando que el eje central de la propuesta no será retirado: frenar el acaparamiento y el uso indebido del recurso hídrico.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que aunque el dictamen pudo haberse presentado desde el lunes pasado, la bancada decidió abrir un espacio adicional para escuchar a los sectores inconformes. Desde el inicio de la semana, productores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas han participado en una mesa de trabajo encabezada por el diputado Gabriel García, donde han expuesto inquietudes sobre los posibles impactos de la reforma.
Sheinbaum subrayó que la propuesta “es seria y busca garantizar agua para todas y todos”, evitando que “unos cuantos la acaparen o la conviertan en un negocio privado”. Aunque abrió la puerta a mejorar redacciones y aclaraciones técnicas, sostuvo que la esencia de la reforma es inamovible. “La parte que algunos quieren quitar —la que frena el acaparamiento— no se va a retirar. Es un punto de acuerdo incluso con empresarios y distritos de riego”, aseguró.
Entre las principales preocupaciones expresadas por productores y pequeños propietarios se encuentran la posibilidad de que se limite el volumen de agua asignado, la incertidumbre sobre la herencia o transmisión de tierras con concesiones hídricas, las repercusiones en créditos agrícolas, y el riesgo de que el agua agrícola termine desviada hacia usos industriales. También piden mayor claridad en trámites, particularmente en la cesión de pozos cuando fallece el titular, pues señalan que en la normativa actual han proliferado vacíos y desinformación.
Monreal adelantó que varias de estas inquietudes serán incorporadas al dictamen, aunque manteniendo la columna vertebral de la iniciativa presidencial: prohibir la venta de permisos de agua, limitar transmisiones irregulares y ordenar un sistema de concesiones que por años ha operado con opacidad. El coordinador legislativo también confirmó que se respetarán los cinco días reglamentarios entre la liberación del proyecto, la votación en comisiones y su llegada al pleno.
Organizaciones ambientales han insistido en que la nueva ley debe blindar de forma explícita la prohibición de descargas contaminantes, especialmente por parte de empresas mineras, un tema que la presidenta también reconoció como prioritario. A solicitud de agrupaciones civiles, el dictamen incorporará definiciones precisas sobre el derecho humano al agua y mecanismos para impedir la privatización del recurso mediante contratos municipales o regionales.
En tanto, productores han pedido eliminar las sanciones por el denominado “traslado ilegal de agua”, argumentando que criminaliza prácticas tradicionales, como llevar agua a los agostaderos en épocas de sequía.
Con los últimos ajustes en curso y mientras continúa la recepción de propuestas, Sheinbaum expresó confianza en que el Congreso logrará un dictamen robusto y consensuado. “Lo importante —dijo— es poner orden, acabar con los abusos y asegurar que el agua llegue a quien realmente la necesita”.
