Washington.— La Casa Blanca salió al paso de las críticas tras la toma de un petrolero asociado a Venezuela, asegurando que la operación cumple con todos los requisitos legales de Estados Unidos. Según Karoline Leavitt, portavoz del gobierno estadounidense, la embarcación ya se dirige a un puerto del país, donde su cargamento será sometido a un procedimiento formal para su confiscación.
Leavitt detalló en conferencia de prensa que el Departamento de Justicia emitió la orden que permitió la intervención: “Existe un mecanismo jurídico para decomisar ese petróleo y es exactamente el que estamos siguiendo”.
El navío, que llevaba años bajo sanciones, fue interceptado el miércoles en aguas del Caribe por elementos estadounidenses, acción que el gobierno de Nicolás Maduro no tardó en tachar de “piratería” y “robo descarado”.
La ofensiva golpea directamente a la principal fuente de ingresos del régimen venezolano, un movimiento que eleva la presión sobre Caracas en un momento político delicado. Para Washington, la operación forma parte de un esfuerzo para frenar lo que consideran actividades ilícitas de gobiernos que califican como “no democráticos”.
“No vamos a cruzarnos de brazos mientras buques sancionados transportan crudo de contrabando cuyos recursos terminan fortaleciendo el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”, advirtió la vocera.
Al ser cuestionada sobre si las acciones en el Caribe están dirigidas al combate al narcotráfico o al tráfico de petróleo, Leavitt respondió que la estrategia estadounidense en el hemisferio occidental abarca múltiples objetivos: “El presidente ha adoptado un enfoque que no veíamos desde hace mucho tiempo”.
La administración Biden publicó recientemente una renovada Estrategia de Seguridad Nacional, documento que coloca a Latinoamérica y el Caribe como piezas clave dentro de la geopolítica estadounidense, especialmente ante el avance de China y la presencia de gobiernos que Washington considera adversarios.
