Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración trabaja en la recuperación de más de 200 concesiones mineras que actualmente se encuentran en manos de empresas privadas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el control del Estado sobre los recursos naturales.
El anuncio se produce días después de que México y Estados Unidos firmaran un plan de acción para avanzar hacia un esquema de “comercio preferencial” en minerales estratégicos, insumos clave para sectores como el energético, tecnológico y de seguridad nacional. El entendimiento bilateral se da en un contexto de revisión del tratado comercial de América del Norte y en medio de una política estadounidense que busca consolidar cadenas de suministro fuera de la órbita china.
En su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el acuerdo con Washington no implica modificaciones al marco jurídico mexicano ni una apertura indiscriminada del sector minero. “No hay nada firmado aún; iniciaremos conversaciones. Se trata de cooperación entre países soberanos: ellos desarrollan en su territorio y nosotros en el nuestro. No se cambiará la legislación ni se entregarán los recursos naturales”, afirmó.
La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no impulsará nuevos procesos de expansión minera y, por el contrario, revisa mecanismos para revertir concesiones. Indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá detalles sobre el proceso mediante el cual estas más de 200 concesiones regresarían al Estado.
De acuerdo con cifras oficiales del Prontuario Estadístico de la Minería de la Secretaría de Economía, en México existen actualmente más de 22 mil concesiones que abarcan alrededor de 14 millones de hectáreas. Por su parte, la Cámara Minera de México reporta 27 proyectos en fase de desarrollo, 225 en exploración y otros 225 en etapa de explotación, con inversiones concentradas principalmente en ampliar operaciones ya existentes.
El entendimiento bilateral anunciado la semana pasada en Washington —durante la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos, con la participación de representantes de medio centenar de países— contempla un plazo de dos meses para definir qué recursos serán considerados estratégicos y diseñar cadenas de suministro compartidas. México posee reservas relevantes de al menos una decena de los 60 minerales que Estados Unidos clasifica como esenciales para su industria.
El plan también prevé analizar posibles mecanismos de cooperación técnica y regulatoria, incluida la eventual homologación de estándares en materia de extracción, procesamiento y comercio de minerales críticos, así como intercambio de información geológica.
Organizaciones ambientalistas han manifestado preocupación ante el acuerdo, al considerar que podría reactivar una política de expansión extractiva. Colectivos como Cambiémosla Ya han advertido sobre los impactos sociales y ambientales de la minería y han llamado a reforzar las restricciones en el sector. Frente a estas críticas, la presidenta restó importancia a los señalamientos y reiteró que su gobierno mantendrá como eje la soberanía y el interés público en la gestión de los recursos naturales.
