En lo que representa la traición más profunda a los pilares de la Revolución Mexicana, el Gobierno de México ha erigido en este 2026 un sistema que desmantela el ideal de que «la tierra es de quien la trabaja». Bajo el disfraz de un ambientalismo de vanguardia, el nuevo Certificado de Libre de Deforestación de la Semarnat ha transformado el reclamo social por el suelo en un catálogo de delitos federales, persiguiendo con el mismo rigor al poseedor ancestral que al ciudadano que, ante la necesidad, busca un espacio para vivir.
La privatización de la justicia: Si no tienes capital, eres delincuente
El Gobierno Federal ha renunciado a su papel como proveedor directo de suelo y vivienda, delegando esta función a empresas privadas que operan bajo una lógica de rentabilidad. En este escenario, el pueblo queda atrapado en una red de exclusión económica:
- El muro del estatus financiero: Para que un asentamiento o parcela sea considerado legal, el Estado exige «polígonos georreferenciados» y validaciones técnicas que solo los grandes capitales pueden costear.
- La burocracia verde como arma: El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) declara la protección forestal como de orden público e interés social, lo que permite tratar cualquier toma de tierras por necesidad como un «delito infraganti» de ecocidio.
- El negocio de las notarías: La acreditación legal de la tierra ahora depende de trámites notariales cuyos honorarios consumen la poca ganancia de quienes producen para subsistir, convirtiendo a los notarios en los nuevos dueños del destino agrario.
Vigilancia Satelital: El fin del grito de «Tierra y Libertad»
A diferencia de décadas pasadas, donde la organización comunitaria permitía consolidar colonias mediante la posesión pacífica, hoy la tecnología se utiliza para la represión administrativa inmediata.
- Plataforma de Información Coordinada: Mediante satélites, el Gobierno detecta en tiempo real cualquier cambio en la cobertura del suelo, activando alertas para la intervención de la fuerza pública o la PROFEPA.
- Muerte civil administrativa: Aquellos grupos que intentan hacer justicia social autónoma son condenados a la marginación absoluta; la Sader tiene estrictamente prohibido dotar de servicios, apoyos o créditos a zonas que no cuenten con la validación de la Semarnat.
Un sistema antizapatista: El blindaje al acaparador
Este «Estado Notarial» no busca salvar la selva, sino asegurar que nadie que no tenga capital pueda tocarla. Mientras se persigue al ciudadano vulnerable, la ley protege el statu quo de los grandes ejidatarios y empresarios.
- Acaparamiento legalizado: Existen individuos con múltiples registros ejidales que, en complicidad con notarías y permisos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), venden tierras al pueblo o a inmobiliarias mientras bloquean el acceso al pequeño productor.
- La agroindustria intocable: Al reformarse la Ley de Comercio Exterior, se asegura que solo las grandes empresas, con departamentos legales robustos, puedan exportar y prosperar, dejando al campesino independiente en la clandestinidad comercial.
Conclusión: La tierra ya no es de quien la trabaja
Lo que el Gobierno califica como una medida de interés social para proteger el ambiente, se traduce en una expropiación administrativa de la capacidad productiva del pueblo. A partir de este mes de mayo de 2026, la justicia ya no se busca en el surco, sino que se compra en una notaría.
En el México actual, la organización popular para el uso de la tierra es un desafío a una plataforma digital que no entiende de necesidades, solo de polígonos y certificados que el pobre no puede pagar. La Revolución ha sido archivada en un escritorio de oficina, y la tierra pertenece ahora a quien puede pagar el certificado para demostrarlo.
Por. A.G. Información. DOF.
