Ciudad de México.— A casi cien días de que debió celebrarse la audiencia inicial por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival Axe Ceremonia, familiares y organizaciones acompañantes denunciaron que el proceso judicial permanece paralizado, lo que —afirman— prolonga la impunidad.
De acuerdo con el equipo legal que representa a la familia de Rojas, la suspensión del procedimiento obedece a un juicio de amparo promovido por los familiares de Giles, lo que ha impedido que avance la causa penal contra tres empresas y ocho personas señaladas por la Fiscalía de la Ciudad de México.
Aunque subrayaron que no existe un conflicto personal entre ambas familias, la asesora jurídica Tábata Jiménez sostuvo que la ruta legal adoptada en el otro caso está bloqueando el acceso a la justicia para Miguel Ángel Rojas. Aseguró que la audiencia inicial puede llevarse a cabo con los imputados ya identificados y que la investigación podría ampliarse posteriormente para incluir a otras empresas como Ocesa y Lobo.
Los familiares y activistas cuestionaron públicamente si la intención del amparo es proteger a alguna de las compañías involucradas, al advertir que la única consecuencia concreta de la dilación es beneficiar a los presuntos responsables.
Durante una manifestación frente a los Juzgados de Distrito Penal Federal, los asistentes señalaron directamente a la jueza María del Carmen Sánchez como responsable de ordenar la suspensión del proceso mediante el amparo 853/2025. Además, recordaron que su nombre ha estado vinculado a otros casos de alto perfil, entre ellos los de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Christian Von Roehrich, Carlos Ahumada y Ulises Carmona.
Como acto simbólico de protesta, los manifestantes instalaron un “contador de impunidad” frente al complejo judicial, en el que registran los días transcurridos sin que se celebre la audiencia inicial. Para colocarlo, perforaron el suelo con una herramienta y fijaron la estructura con cemento, a la vista de quienes ingresan a los juzgados.
Con esta acción, exigieron que el Poder Judicial destrabe el proceso y permita que el caso avance, al advertir que el paso del tiempo sólo profundiza la falta de justicia para las víctimas.
