El Congreso capitalino dio luz verde a una reforma que sanciona con arresto inconmutable a quienes lucren indebidamente con el espacio público.
Ciudad de México.— A partir de ahora, en la capital del país, apartar lugares en la calle o cobrar por cuidar autos ya no será solo una molestia cotidiana: será motivo de arresto. El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes una reforma a la Ley de Cultura Cívica que impone sanciones de 24 a 36 horas de arresto inconmutable a los llamados “viene-viene” o franeleros que se apropien del espacio público para beneficio propio.
Con 53 votos a favor y sin oposición, el Pleno del Congreso respaldó por unanimidad la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cual busca combatir una práctica que, según legisladores, afecta la movilidad, fomenta actos de intimidación y, en algunos casos, está ligada a redes delictivas.
“La vía pública no se negocia, no se privatiza y seguirá siendo de todas y todos los capitalinos”, enfatizó el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, al presentar el dictamen en nombre de la comisión dictaminadora.
La reforma, presentada originalmente el 17 de junio, modifica el artículo 32 e incorpora un nuevo artículo 28 Bis, en el que se detallan como infracciones el cobro por estacionamiento sin autorización, el lavado de autos en la vía pública y cualquier otra acción que implique la ocupación indebida del espacio común.
Más que sancionar, buscan alternativas
Aunque la medida fue bien recibida por la mayoría de los grupos parlamentarios, algunas voces señalaron la necesidad de ir más allá. El diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reforma, pero advirtió que es un esfuerzo limitado si no se atiende el trasfondo del problema: la falta de empleo formal y las condiciones de marginación que empujan a muchas personas a este tipo de actividades informales.
En respuesta, el dictamen contempla que el Gobierno capitalino implemente programas de capacitación y empleo para quienes actualmente dependen económicamente del trabajo como franeleros.
Desde el Partido Verde, el diputado Jesús Sesma subrayó que el uso ilegal del espacio público no es solo una falta cívica, sino que muchas veces está vinculado a delitos como extorsión, robo de autopartes o daño a la propiedad. De acuerdo con estimaciones presentadas, esta actividad podría generar más de dos millones de pesos semanales, en ocasiones controlados por grupos criminales.
¿Y ahora qué sigue?
La reforma será enviada a la jefa de Gobierno para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Una vez en vigor, las autoridades podrán detener y sancionar administrativamente a quienes incurran en estas prácticas.
El mensaje es claro: las calles de la Ciudad de México no están en venta.
EJ.