Ciudad de México.— Ante los daños ocasionados por las lluvias inusuales registradas este año, el Gobierno capitalino decretó estado de emergencia en nueve demarcaciones de la ciudad, donde se han presentado socavones e inundaciones que requieren intervención inmediata.
La medida contempla la ejecución de 35 obras prioritarias en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. De acuerdo con la declaratoria publicada en la Gaceta Oficial, los trabajos se enfocarán en la rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica, financiados por recursos de distintas dependencias, así como por el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad y el Fondo de Atención a Contingencias y Desastres Naturales.
En el anexo firmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se detallan 18 intervenciones destinadas a atender hundimientos y socavones mediante la renovación de colectores y tuberías en puntos estratégicos como Río Churubusco, Gran Canal, Ignacio Zaragoza, Talismán, Periférico, Wilfrido Massieu, Vallejo y Ferrocarril Hidalgo.
Acciones contra inundaciones y reparación de grietas
La declaratoria también incluye 13 acciones para disminuir riesgos de inundación, entre ellas la reparación de una grieta bajo el puente La Concordia; la construcción y mantenimiento de vasos reguladores en los parques Cuitláhuac y Balvanera; además de obras en la intersección de Ermita y Anillo de Circunvalación, así como en la carretera Xochimilco-Oaxtepec.
Otras cuatro obras estarán dirigidas a prevenir anegaciones en 12 puntos críticos de Iztapalapa —que no se especifican en el documento— y a mejorar el rebombeo en colonias como San Juan de Aragón (sexta sección), La Pradera y Agrícola Oriental.
La declaratoria entra en vigor este mismo día y permanecerá activa hasta que su conclusión sea publicada nuevamente en la Gaceta Oficial. El gobierno capitalino recordó que solo en junio se registraron 231.06 milímetros de lluvia, superando ampliamente los promedios recientes y generando debilitamiento del suelo, daños en ductos y la formación de nuevos socavones.
El acuerdo se sustenta en la Constitución local, que garantiza el derecho de la ciudadanía a un entorno seguro, así como a la atención y protección frente a fenómenos naturales o provocados por actividades humanas.
