En una decisión que expone las profundas contradicciones entre el discurso de soberanía nacional y la terca realidad de los mecanismos neoliberales que aún rigen al Estado, el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) aprobó la incorporación de 47 nuevos Estándares de Competencia (EC).
El documento, formalizado mediante el Acuerdo SO/II-26/10,S por el Director de Planeación, Presupuesto y Finanzas del organismo, Mtro. José Manuel Olivares Núñez, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), amplía el catálogo de oficios regulados bajo el sello de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, un análisis riguroso de la medida revela que el sistema continúa operando bajo un esquema de triangulación y negocio donde el Estado cede su infraestructura al sector privado, forzando a los trabajadores a pagar por una «etiqueta de calidad» para poder competir en el mercado laboral.
El origen del CONOCER: Un diseño del TLCAN y el Banco Mundial
Para entender el alcance de este nuevo acuerdo, es indispensable escarbar en los cimientos del organismo. El CONOCER no nació bajo los ideales de la educación pública, laica, gratuita o comunitaria. Se fundó el 2 de mayo de 1995, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, como una exigencia técnica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y bajo el financiamiento directo del Banco Mundial (BM).
El objetivo original de los tecnócratas era claro: «flexibilizar» la mano de obra mexicana. Las corporaciones extranjeras que se instalaban en el país necesitaban medir la productividad de los obreros bajo un estándar uniforme, sin importar si contaban o no con títulos universitarios. En lugar de invertir en escuelas técnicas públicas y gratuitas, el Estado delegó la rectoría de las habilidades laborales en un modelo mixto donde las cúpulas empresariales tienen asientos permanentes y voto de mando, destacando la participación de la COPARMEX, la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La paradoja tecnológica: Realidad virtual y dependencia extranjera
La principal bandera de este nuevo paquete de 47 estándares aprobados es la modernización y la digitalización a través de la Realidad Virtual (VR) y simuladores avanzados para evaluar oficios de alto riesgo o gran tecnificación. El listado publicado incluye:
- Seguridad operativa: Certificaciones en Realidad Virtual para trabajos en alturas (ECM0386), espacios confinados bajo la NOM-033-STPS-2015 (ECM0393) y el combate de incendios con mangueras antiincendios (ECM0395).
- Seguridad vial terrestre: Pruebas en simuladores físicos para choferes de unidades de carga pesada (ECM0390) y motocicletas de mensajería o reparto (ECM0389).
- Laboratorios virtuales: Evaluaciones en la nube a través de la marca internacional CloudLabs para las áreas de electrónica, microcontroladores y administración financiera (ECM0396 a ECM0399).
Aquí es donde brota la contradicción con la política de producción nacional y soberanía técnica. Para que un soldador, un chofer o un programador mexicano obtenga su papel oficial firmado por la SEP, el sistema lo obliga a evaluarse en plataformas de software privado extranjero. En lugar de que el gobierno desarrolle tecnología propia y pública desde las universidades nacionales, el acuerdo publicado en el DOF amarra la certificación a licencias privadas y marcas globales.
¿Cómo funcionan estas evaluaciones en la práctica?
A diferencia de las escuelas tradicionales, las evaluaciones de estos estándares no consisten en exámenes escritos de opción múltiple. El candidato debe presentarse ante un evaluador técnico y demostrar su destreza a través de tres componentes obligatorios:
- Evaluación de Desempeño: El evaluador observa al trabajador realizar la tarea en tiempo real (por ejemplo, aplicando extensiones de uñas con sistema Soft Gel [EC1809] o manejando un brazo mecánico).
- Evaluación de Producto: Se analiza el resultado final (como una auditoría de cumplimiento financiero a entes públicos [EC1821] o una iniciativa de ley redactada según los marcos constitucionales [EC1816]).
- Evaluación de Conocimiento y Hábitos: Se comprueba el dominio teórico de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y el uso correcto de las Hojas de Datos de Seguridad de insumos químicos (EC1804).
La privatización del trámite: ¿Quién se queda con el dinero?
Es una realidad que estas certificaciones tienen un costo económico considerable. Aunque el CONOCER es un fideicomiso público paraestatal, el gobierno no realiza los exámenes directamente en sus oficinas porque carece de la infraestructura, los simuladores de tráileres o los equipos láser de cosmiatría (EC1808).
Por ello, el Estado otorga concesiones a una red de intermediarios particulares llamados Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes. El esquema financiero funciona como un negocio regulado:
- Un trabajador o su patrón pagan tarifas que oscilan entre los $4,000 y $6,000 pesos directamente al centro privado por el derecho al examen y la alineación.
- La inmensa mayoría de ese dinero se queda en manos de la empresa privada para cubrir el salario de sus evaluadores, sus márgenes de ganancia y el mantenimiento de sus equipos técnicos.
- El centro privado le entrega al CONOCER una pequeña cuota fija (apenas unos cientos de pesos) únicamente para tramitar el folio oficial y la impresión del papel con logotipos de la SEP.
El dinero que la Federación destina al CONOCER a través del presupuesto anual se quema casi en su totalidad en el mantenimiento de la burocracia central en la Ciudad de México y las plataformas digitales de registro, dejando el costo operativo de la evaluación sobre los hombros de los ciudadanos.
El veredicto: Una etiqueta de calidad que revierte las obligaciones del Estado
A diferencia del etiquetado obligatorio de la comida chatarra, que utiliza sellos negros para advertir al consumidor sobre los excesos perjudiciales de un producto, el sistema del CONOCER funciona a la inversa: actúa como un «sello orgánico» o etiqueta de calidad voluntaria. Ningún municipio o reglamento de comercio puede clausurar un negocio o prohibirle trabajar a un ciudadano por no contar con estos certificados, ya que no constituyen permisos o licencias obligatorias de funcionamiento.
No obstante, el mercado laboral genera su propia trampa. En el mediano plazo, las grandes corporaciones y las licitaciones gubernamentales comienzan a exigir estos estándares como requisito indispensable de contratación.
Al final del día, el papel del gobierno se reduce al de un simple espectador y burócrata: el sector privado dicta qué habilidades requiere el mercado, las empresas particulares cobran por aplicar los exámenes en sus propias plataformas y el Estado mexicano se limita a validar administrativamente el negocio. Para los trabajadores independientes —los electricistas, las estilistas, los guardias de seguridad o los choferes— la certificación oficial no llega como un derecho social gratuito, sino como un escudo económico que se debe comprar para sobrevivir y dignificar su labor en un mercado feroz.
Por. A.G. Información. DOF.
