En un esfuerzo prioritario por erradicar las violencias por razones de género y salvaguardar la integridad de los sectores más vulnerables del país, el Gobierno Federal de México, a través de la recién creada Secretaría de las Mujeres (MUJERES), formalizó de manera jurídica y administrativa un Convenio de Coordinación y Adhesión con el Poder Ejecutivo del Estado de México. Este instrumento legal tiene como propósito fundamental la asignación e inmediata transferencia de un subsidio público por un monto total de $4,000,000.00 M.N. (cuatro millones de pesos, moneda nacional), destinados de forma exclusiva al proyecto de seguridad, asistencia social y resguardo catalogado bajo el folio oficial R-2026-002.
La firma de este acuerdo responde a la urgente necesidad de articular las capacidades presupuestales, técnicas y operativas de los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias en una de las entidades federativas con mayores retos en la materia.
1. Estructura Institucional y Firmantes del Convenio
La validez y ejecución de este convenio involucra una estricta coordinación entre las autoridades federales y locales, quienes comparecen en el documento oficial bajo sus respectivas facultades constitucionales:
- Por el orden federal (La Federación): Comparece la Secretaría de las Mujeres (MUJERES), representada de forma operativa por la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, cuya titular es Ingrid Aurora Gómez Saracíbar. Esta dependencia actúa bajo las directrices de la Secretaria de las Mujeres a nivel federal, Minerva Citlalli Hernández Mora.
- Por el orden local (El Estado de México): El Poder Ejecutivo del Estado de México actúa de manera coordinada a través de dos dependencias clave. En primer lugar, la Secretaría de Finanzas, representada por su titular, Oscar Flores Jiménez, quien fue nombrado por la Gobernadora Constitucional de la entidad, Delfina Gómez Álvarez. En segundo lugar, participa la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, encabezada por María Esther Rodríguez Hernández, instancia que para los efectos operativos y de aplicación del gasto dentro del convenio es denominada técnicamente como el «Espacio de Refugio».
2. Marco Legal, Reglas de Operación y Origen del Recurso
Los $4,000,000.00 M.N. asignados no constituyen un gasto corriente ordinario ni una partida sujeta a la discrecionalidad política, sino un presupuesto debidamente etiquetado que proviene de los fondos aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026.
El subsidio se otorga en estricto apego a las reglas de operación del «Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas», de cobertura nacional. De manera específica, el proyecto con folio R-2026-002 se adscribe al Componente C de dicho programa, titulado: «Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos».
A nivel normativo, la implementación de estas acciones se fundamenta en los mandatos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado Mexicano (tales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW), así como en las disposiciones vinculantes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Estas legislaciones obligan a las autoridades a implementar medidas urgentes, coordinadas y de emergencia, especialmente en territorios bajo declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG).
3. Destino Detallado del Gasto: ¿En qué se aplicarán los recursos?
El convenio estipula de forma rigurosa que el subsidio federal debe asignarse única y exclusivamente a garantizar la operación continua, el mantenimiento preventivo y correctivo, y el soporte integral de los inmuebles que operan de forma confidencial en la entidad.
Para evitar subejercicios o desvíos, las reglas de operación del Componente C delimitan el uso del dinero en los siguientes rubros técnicos y operativos:
A. Atención Integral y Multidisciplinaria Especializada
Se financian los honorarios y sueldos del personal profesional encargado de brindar atención directa a las usuarias y a sus dependientes económicos:
- Área Psicológica: Terapeutas especializadas en contención de crisis, estrés postraumático y desconstrucción del ciclo de violencia.
- Área Jurídica: Abogadas encargadas de la representación legal inmediata de las víctimas en procesos de denuncias penales, tramitación de órdenes de protección, juicios de divorcio, pérdida de patria potestad y pensiones alimenticias.
- Área Médica y de Enfermería: Personal de salud enfocado en la valoración de lesiones físicas, atención a la salud sexual y reproductiva, y seguimiento médico general de las madres y sus hijos.
- Trabajo Social: Profesionales que coordinan el ingreso de las usuarias, evalúan el nivel de riesgo y trazan redes de apoyo externas para el momento del egreso.
B. Hospedaje, Alimentación y Sustento Básico
Al tratarse de un esquema de aislamiento temporal para salvaguardar la vida, el refugio absorbe la totalidad de las necesidades básicas de las familias resguardadas:
- Adquisición de alimentos e insumos para garantizar dietas balanceadas y nutricionales para mujeres, niñas y niños.
- Dotación de ropa, calzado y artículos de higiene personal de primera necesidad.
- Suministro de medicamentos y tratamientos médicos especializados requeridos durante la estancia.
C. Gastos de Operación e Infraestructura Habitacional
Financiamiento de los costos fijos necesarios para mantener el inmueble en condiciones óptimas de habitabilidad y dignidad:
- Pago de servicios públicos indispensables: energía eléctrica, agua potable, suministro de gas y sistemas de telecomunicaciones.
- Mantenimiento físico de las instalaciones, reparaciones estructurales y acondicionamiento de áreas comunes, dormitorios y espacios lúdicos para los menores.
D. Seguridad Preventiva y Protección Perimetral
Dado que las mujeres canalizadas a estos espacios enfrentan situaciones de violencia extrema o riesgo inminente de feminicidio, el anonimato geográfico es vital. Los fondos permiten la contratación de servicios de vigilancia, instalación de sistemas tecnológicos de seguridad y protocolos de blindaje perimetral para evitar que los agresores localicen o vulneren el sitio.
4. El Mecanismo Financiero y la Temporalidad del Gasto
El proceso de transferencia, manejo y comprobación de los 4 millones de pesos se rige bajo una estricta disciplina financiera gubernamental, diseñada para asegurar la trazabilidad de cada centavo:
- Cuentas Bancarias Exclusivas y Productivas: El Gobierno del Estado de México, por conducto de su Secretaría de Finanzas, está obligado por ley a aperturar una cuenta bancaria única, específica y productiva para la recepción de este subsidio federal. Queda estrictamente prohibido mezclar estos recursos con fondos locales o de otras partidas presupuestales. Al ser una cuenta «productiva», cualquier interés o rendimiento financiero generado por el capital depositado no podrá ser ejercido por el estado, debiendo ser reportado y devuelto a la Federación.
- Vigencia del Convenio: El proceso administrativo comenzó formalmente el 6 de febrero de 2026 con la presentación de la solicitud por parte de las autoridades del Estado de México. Tras la dictaminación y aprobación por parte del Comité de Evaluación federal el 18 de febrero del mismo año, se fijó la vigencia del convenio a partir de la firma de las partes y hasta el 31 de diciembre de 2026.
- El Principio de Anualidad y Reintegros: De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las autoridades mexiquenses tienen como plazo improrrogable el último día del año 2026 para devengar y pagar la totalidad de los recursos financieros transferidos. En caso de que al 1 de enero de 2027 existan remanentes (recursos no gastados) o fondos no comprobados bajo las reglas del Componente C, el Gobierno del Estado de México deberá reintegrar de forma obligatoria dichos montos económicos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
5. Transparencia, Fiscalización y Blindaje Institucional
Con el fin de evitar actos de corrupción o el uso indebido de las plataformas de asistencia social, el convenio establece un esquema de fiscalización concurrente en el que intervienen organismos locales y federales:
- Seguimiento Técnico Semanal y Trimestral: La Secretaría de las Mujeres a nivel federal realizará evaluaciones periódicas para constatar que las metas físicas (número de mujeres y menores atendidos, servicios brindados) correspondan estrictamente con el avance financiero reportado por el estado.
- Fiscalización de Cuentas Públicas: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantendrán facultades de revisión sobre el uso de la cuenta productiva estatal. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene la facultad de realizar auditorías posteriores para cotejar facturas, contratos de prestación de servicios y nóminas del personal del refugio.
- Sanciones por Desvío de Fondos: Si durante las inspecciones se detecta que los recursos federales fueron aplicados a fines distintos a los autorizados en el folio R-2026-002, se procederá a la suspensión inmediata de las ministraciones y se iniciarán los procedimientos civiles, administrativos o penales correspondientes contra los servidores públicos responsables.
Cláusula de Blindaje Político: Las autoridades firmantes enfatizaron que este subsidio mantiene un carácter estrictamente institucional. Por tanto, la publicidad, operación y difusión de las actividades del Espacio de Refugio deberán ser totalmente ajenas a cualquier partido político, organización social o campaña de promoción personal, ostentando de forma visible la leyenda de que se trata de un programa público financiado con impuestos de los contribuyentes.
Por. A.G. Información. DOF-
