El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la reciente detección de 13 casinos utilizados para lavar dinero —entre ellos dos vinculados con Grupo Salinas— fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia financiera y análisis sistemático para desmantelar redes con alcance transnacional.
En un video difundido por la dependencia, se detalló que las organizaciones involucradas usaban empresas fachada e intermediarios, entre ellos estudiantes, personas de bajos ingresos o sin actividad económica aparente, para realizar movimientos financieros que simulaban operaciones legítimas y así evadir los mecanismos de detección.
García Harfuch explicó que un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), basado en cruces de información bancaria, fiscal y societaria, permitió identificar estructuras financieras complejas y operaciones inusuales dentro del sector de juegos con apuesta. Entre los hallazgos, destacó el uso de efectivo no declarado, simulación fiscal y transferencias internacionales sin sustento legal hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos.
El funcionario también mencionó la existencia de plataformas digitales no supervisadas que operaban pagos en línea y enviaban recursos a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera del marco regulatorio mexicano.
“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención”, señaló Harfuch. Explicó que la UIF, junto con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación, trabaja en el diseño de mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para anticipar conductas financieras inusuales antes de que generen daños al sistema financiero.
Según el secretario, los casinos operaban de manera irregular en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la propia Ciudad de México.
El funcionario destacó que el trabajo conjunto del gabinete de seguridad con la UIF permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros internacionales. Recordó que el sector de juegos y sorteos, tanto físicos como digitales, representa altos riesgos de lavado de dinero por su manejo intensivo de efectivo y transacciones electrónicas.
La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó posibles delitos fiscales y casos de evasión tributaria vinculados a estas operaciones, mientras que la UIF integró los reportes de operaciones inusuales y realizó el análisis estratégico que permitió detectar redes financieras relacionadas con actividades ilícitas.
García Harfuch informó además que México mantiene colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha fortalecido la capacidad del Estado para prevenir, detectar y desmantelar estructuras financieras transnacionales. Este intercambio, dijo, también ha permitido coordinar sanciones, aplicar medidas restrictivas y cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Como parte de las acciones derivadas de la investigación, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por presuntos delitos fiscales, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se ordenó la suspensión temporal de establecimientos físicos, así como el bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas de casinos virtuales involucrados.
En el video institucional, la SSPC explicó que los casinos seguían tres patrones principales de lavado: uso intensivo de efectivo, redes que movían dinero del extranjero dentro del país, y operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago que ocultaban el origen del dinero.
Los recursos ilícitos ingresaban al sistema financiero a través de compras masivas de fichas, pagos simulados por servicios o donativos, y luego eran movidos entre empresas fachada y cuentas múltiples, con transferencias internacionales destinadas a aparentes proveedores. Finalmente, los fondos regresaban a los beneficiarios en forma de pagos o cheques por supuestos servicios, con lo cual se daba apariencia de legalidad a ingresos de origen ilícito.
“El objetivo es garantizar que este sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, concluyó Harfuch, al subrayar que las acciones recientes marcan una transición “de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”.
