La Fiscalía General de la República dio marcha atrás a la versión inicial que apuntaba a un acto terrorista en el caso del automóvil que explotó en Coahuayana, Michoacán. La dependencia precisó que la indagatoria corresponde al ámbito de delincuencia organizada.
De acuerdo con fuentes federales, la confusión surgió porque el expediente fue recibido de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas —que forma parte de la Femdo— lo que llevó a un error en la redacción del comunicado difundido el pasado sábado.
En una conferencia ofrecida en Michoacán, el fiscal estatal Carlos Torres Piña detalló que el estallido fue provocado por una camioneta Dodge Ram Dakota que ingresó desde Colima. El vehículo llegó hasta las instalaciones de la policía comunitaria y ahí detonó, causando la muerte de cinco personas: tres integrantes de la corporación local y dos civiles aún sin identificar, entre ellos quien conducía la unidad. Además, siete personas resultaron lesionadas.
Torres Piña informó que la onda expansiva alcanzó unos 300 metros y dañó una docena de vehículos, entre ellos dos Suburban blindadas pertenecientes a la policía comunitaria.
Las cámaras de seguridad también ayudaron a reconstruir el recorrido de la camioneta. Según los registros, ingresó al estado por la carretera federal 200, que conecta Manzanillo con Lázaro Cárdenas, y fue vista alrededor de las 8:35 de la mañana en la comunidad de San Vicente. Permaneció ahí cerca de una hora antes de desplazarse al centro de Coahuayana, donde finalmente ocurrió la explosión, justo sobre la calle Allende.
En esa zona opera la corporación comunitaria encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como El Comandante Teto, figura clave en los antiguos grupos de autodefensa y quien mantiene presencia frente a organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras la polémica generada por la primera versión, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, publicó ayer un mensaje donde aclaró que la carpeta corresponde al delito de delincuencia organizada y que se trabaja en conjunto con la Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
El sábado, la misma fiscal había declarado que la investigación sería por terrorismo “contra quien resulte responsable”, lo que provocó confusión en la narrativa oficial.
Actualmente, en Coahuayana laboran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 agentes ministeriales federales, especializados en diversas ramas forenses que van desde genética y balística hasta análisis de explosivos. La Femdo asumirá la investigación en coordinación con el gabinete de seguridad federal.
