Al analizar la complejidad del tema del transporte público en el Estado de México (Edomex), Daniel Sibaja, secretario de Movilidad, lo reconoció como el más caro, ineficiente e inseguro del país cuando inició la actual administración.
En entrevista para AD Noticias, señaló que las tarifas del transporte público registraron incrementos durante el sexenio anterior y que, hasta el momento, no se han realizado cambios significativos al respecto. «Nosotros lo reconocemos, la gente lo ve, yo lo veo», expresó.
Para tomar cartas en el asunto y dotar a la entidad de un mejor transporte público, Sibaja destacó la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad, que incorpora tres puntos fundamentales: la capacitación obligatoria para conductores, mayores estándares de dicha capacitación y la revocación de concesiones para quienes no cumplan con la ley.
Subrayó que, históricamente, en el Edomex nunca se había revocado una concesión, pero actualmente la dependencia está en proceso de retirar ocho de 150 mil concesiones existentes. Además, han salido de circulación 5 mil unidades que no cumplen con los requisitos mínimos de licencia, seguro y características permitidas, como los vidrios polarizados.
Asimismo, el funcionario enfatizó que el gobierno del Edomex ahora implementa criterios más rigurosos para otorgar nuevas concesiones, incluyendo exámenes toxicológicos y de conocimientos para garantizar la seguridad y la calidad del transporte.
Esta medida busca establecer un estándar más elevado y digno para los usuarios.
Por cada unidad hay 3 piratas
Daniel Sibaja agregó que el gobierno de Alfredo Del Mazo dejó un registro de 150 mil concesiones en el sistema, mientras que instancias como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que hay más de 700 mil unidades en circulación. «Esto significa que, por cada unidad regular, hay aproximadamente tres irregulares o ‘piratas’», subrayó.
«Estas unidades irregulares carecen de seguridad: presentan vidrios polarizados, falta de licencia, tarifas arbitrarias. Cambiar esta situación no será rápido; requerirá más de un año o incluso dos», advirtió.