La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración trabaja en un plan integral enfocado en la justicia social y laboral para los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, una región marcada históricamente por la precariedad en las condiciones de trabajo en el campo.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria reconoció que, pese a algunos avances, persisten prácticas irregulares en diversas empresas agrícolas, donde los trabajadores no son contratados de manera formal y continúan bajo esquemas de pago “a destajo”, con jornadas que superan las ocho horas diarias y sin prestaciones laborales.
Sheinbaum recordó que el llamado Plan de Justicia para San Quintín comenzó a construirse durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que las demandas de los jornaleros tienen un largo historial de lucha y organización.
En ese contexto, hizo referencia a las denuncias publicadas recientemente sobre la situación laboral en la región, donde líderes del movimiento jornalero han señalado que la mayoría de los ranchos mantiene esquemas de contratación sin seguridad social ni derechos básicos, una problemática que detonó las movilizaciones de trabajadores en 2015 en el sur de Baja California.
La presidenta detalló que la estrategia gubernamental contempla acciones concretas para garantizar el acceso a la seguridad social, así como inversiones en infraestructura básica, entre ellas hospitales, escuelas desde nivel primaria hasta media superior, vivienda y servicios de cuidado infantil.
“Se trata de una atención integral de bienestar”, señaló la mandataria, al explicar que el plan será presentado directamente en San Quintín. Indicó que, en el marco de las movilizaciones recientes, la secretaria de Gobernación acudirá a la región para dar seguimiento al diálogo con los trabajadores.
Sheinbaum añadió que uno de los objetivos centrales es regular de manera efectiva la contratación directa de los jornaleros y asegurar que la agricultura de exportación cumpla con la obligación de brindar seguridad social a toda su plantilla laboral, lo cual dependerá de una reforma legal que se prevé sea discutida y aprobada en febrero próximo.
