En los últimos cinco años, empresas pertenecientes a Grupo Salinas han promovido 102 recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estrategia que ha retrasado la resolución definitiva de nueve juicios fiscales por más de 49 mil millones de pesos en impuestos, recargos, actualizaciones y multas correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, el máximo tribunal prevé resolver este jueves siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que incluyen amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos. En caso de aprobarse los proyectos, se confirmarían las sentencias de tribunales colegiados que ordenan a Grupo Elektra y TV Azteca pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 48 mil 326 millones 809 mil pesos, derivados de los ejercicios fiscales de 2009 a 2015.
Los proyectos de resolución, elaborados por ministros de la actual integración de la Corte —que cumplió apenas dos meses en funciones—, concluyen que los argumentos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego no representan un tema de “interés excepcional” sobre la constitucionalidad de la Ley del ISR que amerite la intervención del alto tribunal.
El caso más cuantioso
El expediente con mayor número de impugnaciones corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024, presentado por Elektra, relacionado con un crédito fiscal originalmente determinado en 18 mil 455 millones de pesos por ISR del régimen de consolidación de 2013. Con actualizaciones y sanciones, el monto reclamado asciende a 33 mil 306 millones de pesos.
Sobre este juicio, Elektra presentó 28 recursos distintos, entre ellos solicitudes de facultad de atracción, reclamaciones e impedimentos para que ciertos ministros —principalmente Lenia Batres Guadarrama— no participaran en la discusión.
El asunto se resolvería mediante un recurso de reclamación promovido por la Secretaría de Hacienda contra un acuerdo emitido el 21 de agosto de 2024 por la entonces presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, quien había admitido el amparo. El ministro Arístides García Guerrero, ponente del caso, propone revocar dicho acuerdo y desechar el amparo por carecer de interés excepcional, dado que la Corte ya resolvió casos similares.
“Al resultar fundados los agravios de la autoridad hacendaria, procede declarar sin materia la reclamación de la empresa quejosa”, señala el proyecto.
Si el Pleno aprueba la resolución, al menos 15 recursos de recusación pendientes quedarían sin materia. Dichos recursos buscaban apartar de los casos a ocho ministros del anterior pleno, a quienes Elektra acusó de falta de imparcialidad, con excepción de Norma Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara.
Incluso, el conglomerado intentó recusar a todos los actuales ministros mediante dos solicitudes que fueron rechazadas el pasado 27 de octubre por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Fuentes judiciales confirmaron que el máximo tribunal podría imponer sanciones económicas a las empresas por su conducta dilatoria, conforme a la Ley de Amparo.
Tras la posible resolución del jueves, sólo permanecerían activos dos juicios adicionales —ambos a cargo de la ministra Lenia Batres— que representan créditos fiscales por más de 712 millones de pesos.
Ultimátum judicial en Nueva York
De forma paralela, la Corte Suprema del Estado de Nueva York fijó como plazo este miércoles 12 de noviembre para que TV Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas presenten una moción de desestimación o suspensión del proceso que enfrentan ante sus acreedores, encabezados por The Bank of New York Mellon.
Según la orden emitida por el juez Paul G. Gardephe, las compañías deberán entregar una carta formal en la que soliciten la suspensión o desechamiento del procedimiento judicial, mientras buscan un acuerdo de arbitraje privado con los acreedores.
Tanto Grupo Salinas como los demandantes deberán presentar esta semana sus planes para la continuación del caso, con miras a iniciar el juicio formal a más tardar el 5 de diciembre.
Además de los litigios fiscales con el SAT, el conglomerado enfrenta una deuda impaga de bonos emitidos en 2017 por 400 millones de dólares, que con intereses y penalizaciones asciende ya a 580 millones de dólares —más de 10 mil millones de pesos—, de acuerdo con los acreedores.
El incumplimiento, que data de 2020, llevó también a la presentación de un arbitraje internacional contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por los efectos financieros derivados de los impagos.
