A más de una década del derrame de residuos tóxicos en el Río Sonora, el gobierno federal y la administración estatal anunciaron el arranque formal del plan de remediación ambiental y social, cuyo costo total supera los 2 mil 222 millones de pesos. Del monto global, Grupo México cubrirá el 70 por ciento, como parte de los acuerdos alcanzados con las autoridades.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa contempla acciones en materia ambiental, de salud y acceso al agua potable, además de la reparación del daño a comunidades y trabajadores afectados por el desastre ocurrido en 2014. Asimismo, confirmó que ya se inició el pago de indemnizaciones a mineros, viudas y familias, luego de la conclusión de la huelga en Cananea.
La funcionaria detalló que la aportación de la empresa minera asciende a mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. Por su parte, el gobierno federal contribuye con 483.6 millones de pesos y el gobierno de Sonora con 180 millones.
Rodríguez señaló que ya comenzaron las tareas especializadas para la restauración del río, que incluyen estudios técnicos para determinar la magnitud de los daños en suelos y sedimentos, así como la implementación de procesos de saneamiento en zonas contaminadas.
En el rubro hídrico, el proyecto contempla el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua mediante un centro de visualización en tiempo real, la adquisición de nuevo equipamiento, labores de mantenimiento y la asignación de personal certificado al Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. Además, se prevé la construcción de 16 plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y la rehabilitación de cuatro instalaciones que ya se encuentran en operación.
En materia de salud, el IMSS-Bienestar realizará una ampliación significativa de la infraestructura médica en la región. El hospital comunitario de Ures será transformado en un hospital regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad y un área de cuidados intensivos, con el objetivo de evitar traslados a otras ciudades.
También se instalará un centro especializado en salud renal, que contará con servicios de nefrología, seis sillones de hemodiálisis y un laboratorio enfocado en metales pesados y toxicología. El inmueble que actualmente funciona como hospital será reconvertido en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.
“El Gobierno de México fue firme en exigir a Grupo México el cumplimiento de las condicionantes necesarias para alcanzar un acuerdo que beneficia a las comunidades y a los trabajadores mineros de Cananea. Se cierra así un proceso de lucha de 18 años; es un momento histórico”, subrayó Rodríguez.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, provocado por la mina Buenavista del Cobre, afectó cerca de 289 kilómetros de la cuenca del Río Sonora y tuvo impacto directo en alrededor de 20 mil habitantes de municipios como Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures.
La funcionaria explicó que el desastre generó severas consecuencias en la salud pública, restringió el acceso al agua potable y afectó la economía local, particularmente las actividades agropecuarias. En el ámbito ambiental, se registró contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, así como la presencia de metales pesados —entre ellos arsénico, plomo, cobre y zinc— que fueron detectados en fauna silvestre y ganado.
Bárcena destacó que, tras un proceso de diálogo iniciado en noviembre pasado entre la empresa, el gobierno estatal y dependencias federales, se logró un convenio que incorpora las principales demandas de las comunidades afectadas.
Entre los compromisos establecidos se encuentra la conversión del hospital comunitario de Ures en un hospital general, con mayor capacidad hospitalaria, quirófanos, una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, además de un laboratorio especializado en metales pesados y un programa permanente de monitoreo sanguíneo, operado por IMSS-Bienestar.
En cuanto al acceso al agua, el acuerdo contempla la construcción de 16 potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, la recuperación de seis plantas fuera de operación y la operación y mantenimiento de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección durante un periodo de cinco años.
Para la remediación de suelos, se realizará un diagnóstico integral de la ribera del río a fin de identificar los puntos contaminados. Las acciones incluirán el confinamiento de sedimentos en celdas especiales, monitoreo constante y la restauración ambiental de la zona con base en criterios técnicos y científicos.
La inversión destinada a este conjunto de acciones asciende a mil 500 millones de pesos, concluyó la titular de Semarnat.
