Foto: La Jornada.Foto: La Jornada.

A casi dos semanas de haber salido en libertad tras pasar cerca de 20 años en prisión sin sentencia, Israel Vallarta respondió públicamente a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien anunció que impugnará su liberación.

“Yo jamás he sido declarado culpable, en esta ni en ninguna otra causa penal”, afirmó Vallarta ante medios de comunicación, al defender su inocencia. También aseguró que actualmente no enfrenta ningún proceso penal activo ni investigación pendiente: “Tampoco tengo ninguna averiguación o causa penal que esté ahorita en suspenso”.

El caso de Vallarta cobró notoriedad nacional tras su detención en diciembre de 2005, junto a la ciudadana francesa Florence Cassez. Ambos fueron acusados de formar parte de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”. Sin embargo, el operativo fue transmitido en vivo por televisión y más tarde se reveló que fue un montaje orquestado por autoridades, lo que derivó en serias dudas sobre la legalidad del proceso y la validez de las pruebas.

Sobre las víctimas que lo señalaron, Vallarta declaró que muchas se prestaron a ese montaje. Y dirigió un mensaje directo al fiscal: “No soy un delincuente, jamás lo fui, siempre fui inocente y aquí estoy dando la cara”.

Por su parte, Gertz Manero expresó el pasado martes 12 de agosto su intención de apelar la resolución judicial que permitió la libertad de Vallarta, argumentando que hay al menos seis víctimas de secuestro cuyos derechos no deben quedar desprotegidos. “Es una obligación moral, ética y jurídica”, señaló el fiscal, quien reiteró que la FGR buscará garantizar la reparación del daño para dichas víctimas.

“El delito de secuestro es el segundo más grave después del homicidio, y por eso es fundamental atender a quienes lo han sufrido”, puntualizó Gertz durante la conferencia matutina presidencial.

Israel Vallarta salió del penal de máxima seguridad de El Altiplano el pasado 1 de agosto. Su caso, aún envuelto en polémica, ha sido símbolo de presuntas violaciones al debido proceso y uso indebido de los medios por parte de las autoridades.

EJ.