La falta de agua en colonias de escasos recursos de Iztapalapa y Xochimilco ha llevado a las mujeres a ser extorsionadas sexualmente por piperos para acceder al líquido, reveló Jorge Alberto Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante un foro de parlamento abierto sobre el agua organizado por el Congreso de la Ciudad de México, Arriaga indicó que la falta del servicio tiene una dimensión sexual y de género de la que poco se habla y de la que son víctimas las mujeres más pobres, pues en una muestra de 600 mujeres habitantes de ambas alcaldías, 5 por ciento vivió extorsión sexual, es decir, que intercambian sexo por acceso al agua.

Además, 50 por ciento de las entrevistadas dijeron que vivieron violencia sexual por los operarios de las pipas.

Es el peor de los actos de corrupción que puede haber y se exacerba cuando la dotación no es frecuente, porque son las mujeres quienes tradicionalmente se encargan de llevar el agua a sus hogares. Se tienen que esperar en la pipa, y el operador, que no tiene un mecanismo de vigilancia, cobra con dinero, y si la mujer no tiene y necesita el agua, un mecanismo que tiene para pagar es el sexo.

En su intervención durante la mesa de discusión sobre el impacto a las comunidades más vulnerables, el también investigador explicó que las personas con escasos recursos son las que sufren los mayores efectos de la falta del servicio, pues no todos lo recibimos igual, además, a los sectores con mayor carencia se les cobra más que a los más ricos.

Se estima que el decil con menos ingresos por hogar –4 mil 700 pesos al mes– destina 8 por ciento al pago de líquido, agua embotellada y a pipas; mientras el decil más alto –con ingresos de más de 70 mil pesos al mes por familia– sólo gasta uno por ciento de su ingreso. No compran pipas.

Arriaga indicó que cuando se planteen nuevas políticas públicas de acceso al agua se tienen que aplicar de manera transversal e interseccional, donde se consideren las variables de pobreza, género y también a las personas con discapacidad que no tienen acceso al agua.

Fuente: La Jornada