Nuevas revelaciones apuntan a que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) retuvo durante años información crítica relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con un informe publicado este viernes por el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, la DEA había interceptado mensajes de texto entre miembros del cártel Guerreros Unidos en Chicago y México, justo durante los días en que ocurrió el crimen. Estos mensajes evidencian vínculos directos entre el grupo delictivo y autoridades locales y estatales de Guerrero, incluyendo altos mandos en Iguala.
Los textos, extraídos de teléfonos Blackberry intervenidos con orden judicial en Estados Unidos, fueron obtenidos como parte de una investigación sobre el trasiego de heroína hacia Chicago y el retorno de dinero a México, utilizando autobuses de pasajeros como medio de transporte.
La información, sin embargo, no fue compartida con los investigadores mexicanos sino hasta años después. «Es imposible saber qué habría pasado si esa evidencia hubiera estado disponible desde el inicio, pero sin duda habría aportado pistas fundamentales», afirmaron Kate Doyle y Claire Dorfman, investigadoras del Archivo de Seguridad Nacional.
Interceptaciones reveladoras
Uno de los protagonistas de estas comunicaciones fue Adán Casarrubias Salgado, alias Silver o Tomato, líder de Guerreros Unidos en México, quien intercambiaba mensajes con Pablo Vega Cuevas, alias Transformer, su socio en Chicago. Ambos fueron condenados en tribunales estadounidenses en 2025 por delitos relacionados con narcotráfico.
Los mensajes dejan ver cómo los cabecillas del cártel reaccionaban en tiempo real a los hechos violentos ocurridos en Iguala, sin conocer con anticipación los ataques contra los estudiantes, según los investigadores. Aun así, los líderes criminales comenzaron rápidamente a trabajar para encubrir la situación y proteger a sus aliados dentro del gobierno y fuerzas de seguridad.
“Los textos evidencian corrupción en todos los niveles: desde autoridades municipales y estatales, hasta elementos del Ejército y la Marina”, señalan Doyle y Dorfman. La organización criminal, explican, intentó controlar la narrativa para evitar que se desmoronara su red de protección institucional.
Omisiones y negligencia
A pesar de que algunos fragmentos de estos mensajes se habían dado a conocer anteriormente, es hasta ahora que se publica el conjunto completo. La pregunta que flota es: ¿por qué la DEA no compartió esta información con los investigadores mexicanos desde el principio?
El informe sostiene que aunque la oficina de la DEA en Chicago emitió un comunicado en diciembre de 2014 sobre la detención de Vega Cuevas, el gobierno de Enrique Peña Nieto no solicitó formalmente acceso a esa información durante años. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco mostró interés en compartirla, ya que la consideraba parte de su propio caso contra los narcotraficantes.
“Ambos gobiernos fueron lentos y reticentes a colaborar, a pesar de la presión de los expertos internacionales del GIEI”, señalan las investigadoras. Fue hasta 2022, ocho años después de los hechos, cuando los fiscales mexicanos finalmente pudieron acceder a la totalidad del material.
Un daño irreparable
Para muchos, este retraso representó un obstáculo mayúsculo en el esclarecimiento del caso. La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados y desaparecidos en una operación en la que participaron policías municipales coludidos con el crimen organizado.
A más de una década de distancia, la verdad sobre lo ocurrido sigue fragmentada, y estas revelaciones vuelven a poner en tela de juicio la voluntad de los gobiernos, tanto mexicano como estadounidense, de llegar al fondo del asunto.
