Ginebra. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este lunes al gobierno de Estados Unidos a investigar la legalidad de sus recientes ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, tras señalar que existen “fuertes indicios” de que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En entrevista con la agencia AFP, Türk subrayó que, con base en la información disponible, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”, ya que los ataques no se enmarcan en un contexto bélico formal.
“Estados Unidos los presenta como operaciones antidroga, pero no deberían abordarse como acciones de guerra o bajo el derecho internacional humanitario. Son operaciones de aplicación de la ley, y en ese contexto el uso de la fuerza letal debe ser un último recurso ante una amenaza inmediata”, explicó el alto comisionado.
El funcionario de la ONU añadió que lo ocurrido “no refleja ese estándar” y pidió a Washington abrir una investigación independiente para determinar si los hechos constituyen violaciones al derecho internacional. “Hay fuertes indicios de que se trata de ejecuciones extrajudiciales, pero deben investigarlo”, reiteró.
La advertencia de la ONU llega luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmara nuevos ataques en aguas internacionales del Pacífico, que dejaron seis personas muertas. Con ello, la cifra total de víctimas en la reciente ofensiva militar estadounidense asciende a 76 fallecidos desde septiembre.
De acuerdo con Hegseth, las operaciones del domingo se dirigieron contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos”, cada una con tres tripulantes. “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, escribió el funcionario en la red social X, sin ofrecer pruebas del presunto tráfico de drogas ni la identidad de los fallecidos.
El secretario aseguró que las naves atacadas “eran operadas por organizaciones designadas como terroristas”, sin especificar qué grupos estarían involucrados. Según los reportes oficiales, Estados Unidos ha destruido 19 lanchas y un sumergible, y únicamente dos personas han sobrevivido, quienes fueron repatriadas a Ecuador y Colombia.
El gobierno estadounidense justifica estos operativos en una carta enviada en octubre por el presidente Donald Trump al Congreso, en la que declara que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos, una afirmación que ha sido duramente cuestionada por juristas y organismos internacionales.
Como parte de esta ofensiva, Estados Unidos desplegó seis buques de guerra en el Caribe, y se prevé la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford en los próximos días. Sin embargo, gobiernos como el de Venezuela han denunciado que el verdadero objetivo de este despliegue sería presionar políticamente al régimen de Nicolás Maduro.
Diversos expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos advierten que los ataques marítimos, incluso si se dirigen contra presuntos traficantes, podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales, al no existir procesos judiciales ni pruebas concluyentes sobre la participación de las víctimas en delitos de narcotráfico.
“Estas acciones deben evaluarse bajo los estándares internacionales de uso de la fuerza en contextos civiles, no como parte de una guerra. Si no hay rendición de cuentas, estamos frente a un grave precedente”, concluyó Türk.
