Cuernavaca.— Colectivos de derechos humanos y organizaciones civiles advirtieron que la violencia feminicida en Morelos no podrá enfrentarse de manera efectiva mientras las autoridades estatales no reconozcan la dimensión real del problema ni apliquen de forma estricta los lineamientos legales para su investigación.
José Martínez, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, sostuvo que el primer paso para combatir los feminicidios es aceptar su existencia y, en segundo término, que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue toda muerte violenta de mujer bajo el protocolo de feminicidio, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El activista recordó que esta organización ha documentado los casos de feminicidio en la entidad desde el año 2000 y que su labor fue clave para que en 2015 se decretara la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Morelos. No obstante, señaló que persiste una brecha significativa entre las cifras oficiales y las que registran las organizaciones civiles.
Como ejemplo, indicó que en lo que va del presente año se han documentado al menos seis asesinatos violentos de mujeres en distintos municipios, mientras que las autoridades estatales únicamente reconocen dos como feminicidios. La discrepancia, agregó, se repite de manera más evidente en los datos del año 2025.
De acuerdo con los reportes enviados por la FGE al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se contabilizaron 35 feminicidios; sin embargo, los registros independientes superan el centenar de casos, de acuerdo con la documentación recabada por organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos.
Martínez explicó que este contraste ha sido planteado directamente a la gobernadora Margarita González Saravia, así como al fiscal general Fernando Blumenkron y al titular de la Fiscalía de Feminicidios, Héctor Miguel. En esos encuentros, dijo, se les solicitó demostrar que el protocolo se está aplicando correctamente, ya que no puede descartarse de inicio la clasificación de feminicidio.
Ante este escenario, el defensor de derechos humanos urgió al gobierno estatal y a la Fiscalía a reconocer, al menos de manera gradual, los feminicidios que ocurren en la entidad, al advertir que negar la realidad impide diseñar políticas eficaces para prevenirlos y sancionarlos.
También rechazó el argumento de que la presunta relación de algunas víctimas con grupos delictivos excluya la tipificación de feminicidio. Por el contrario, señaló que en varios casos podría tratarse de mujeres víctimas de otros delitos, como la trata de personas, lo que agravaría la responsabilidad penal.
Martínez subrayó que el feminicidio debe entenderse como una muerte violenta de mujeres en un contexto de impunidad, y alertó que en Morelos más del 97 por ciento de estos casos no se castigan. Esta situación, añadió, no es nueva y se arrastra desde al menos las dos administraciones estatales anteriores, pasando por los gobiernos de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, hasta la actual.
Finalmente, recordó que, pese a su densidad poblacional, Morelos se ha mantenido en los primeros lugares nacionales en incidencia de feminicidios, mientras las autoridades continúan minimizando o negando la magnitud del fenómeno.
