Columna: Pensamiento Crítico Quintana Roo

El municipio de Tulum fue fundado en el año 2008, durante su corta vida institucional ha afrontado un desarrollo económico acelerado, pero al mismo tiempo ha sido caótico y desordenado como parte del boom turístico del Caribe Mexicano.

Para entender los enormes intereses especulativos de los desarrolladores inmobiliarios en Tulum, gestados en la cúpula del régimen político basta mencionar la controversia entre la Federación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín, situación que culminó con la derogación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano (PMOTEDUS) de Tulum por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentado que provocaría un crecimiento urbano e inmobiliario que desataría efectos negativos en el desarrollo inmobiliario, repercutiendo en los sistemas hidrogeológicos y en el hábitat de las especies marinas y terrestres, así como en los arrecifes y monumentos arqueológicos de la zona.

Tulum antes de los despojos

En el año 2015 Tulum era un destino alternativo con hoteles boutique caracterizado por la práctica del yoga y la meditación frente a las playas azul turquesa del Caribe Mexicano. Era considerado un destino new age, alternativo y hippie con diversos hostales y zonas de camping frente al mar que atraían visitantes de todo el mundo.

Diversos empresarios foráneos adquirieron tierras ejidales para emprender negocios en Tulum, originarios de otros estados de la República o ciudadanos naturalizados comenzaron hoteles y negocios en Tulum desde la década de los noventa.

Sin embargo, en el ocaso de la administración del priista Roberto Borge, en junio de 2016 y en el marco de una transición del Poder Ejecutivo a Carlos Joaquín y en evidente presunto contubernio con el Poder Judicial de Quintana Roo, se ejecutó un enorme despojo en Tulum, por medio de presuntas ordenes de desalojo «viciadas» en contra de 17 posesionarios de terrenos frente al mar en la Riviera de Tulum.

Según documentó la periodista Lydia Cacho en un reportaje publicado en 2015 en Aristegui Noticias «Tulum, tierra de ambiciones» donde se muestra el modus operandi judicial para despojar de los terrenos costeros a los posesionarios de hoteles y de diversos negocios.

Uno de los empresarios de nombre Graham Alexander Aguilar, ciudadano mexicano-canadiense con doble nacionalidad denunció el despojo de su terreno donde se ubicaba el hotel Parayso, ahora en ese predio se encuentra el Restaurante Bar Rosa Negra cuyo propietario visible es Eduardo Beaven, mismo que sufrió un atentado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el año 2021.

La orden de desalojo ejecutada el 17 de julio de 2016 fue denunciada por los afectados como un despojo fuera del estado de derecho según la denuncia de Graham Aguilar realizada en el medio canadiense the globle and mail donde mostró los documentos registrados en el Registro Agrario cuando convirtió la posesión de los derechos ejidales en propiedad privada e inclusive tener un juicio de amparo con medidas cautelares.

Uno de los 17 afectados de aquella operación de despojo masivo logró la restitución de temporal del predio en 2016. El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, resolvió conceder al particular Allan Dieck, la restitución del hotel “Azúcar”, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Boca Paila, en Punta Piedra, en tanto se resuelve si es o no el legítimo propietario del inmueble.

Dieck explicó que, al igual que los otros 16 particulares, con propiedades ubicadas a lo largo de 600 metros de playa, en la zona de Punta Piedra- Tulum, es víctima de un “juicio falso”, que dio pie a una resolución violatoria del marco legal según información de El Universal.

El origen judicial proviene de la simulación de un litigio promovido por una entrenadora de delfines, quien supuestamente arrendaba 17 inmuebles –entre pequeños hoteles, villas, casas y predios baldíos, en esa zona- al empresario, Esteban Schiavon Magaña, quien la demandó por supuestamente no pagarle la renta.

Los empresarios Nuno Santos y Fernando Jiménez denunciaron en la plataforma Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad los despojos que sufrieron en Tulum. Nuno era propietario de «Uno Astrologe-Casa de Yoga y Meditación«. El ciudadano portugués llegó a Tulum hace más de 20 años cuando adquirió el terreno según información de Forbes.

En la narración, los afectados mencionan que los encapuchados vestidos de negro salieron del Hotel Ahau de Roberto Palazuelos, de igual forma Graham mencionó a Palazuelos en medios canadienses al señalarlo como presunto interlocutor entre los empresarios Schiavon y los posesionarios a modo de advertencia en el año 2014 donde aseguró haber obtenido un acuerdo de pago de 250 USD por metro cuadrado en sus propiedades.

Hotel Ahau, símbolo del despojo de Palazuelos

Roberto Palazuelos fue beneficiado del proceso judicial presuntamente falso que terminó entregándole la posesión del terreno del Hotel Ahau. De acuerdo con el periódico Reforma, en el sexenio de Borge (2011-2016), magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales, y actuarios, formaron parte de una red que despojó de 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum utilizando documentos y contratos de arrendamiento falsos.

La empresaria Lizbeth Romano, dueña del hotel Yoga Shala Tulum interpuso una denuncia por despojo ante la Fiscalía General de Ciudad de México (CDMX) en contra de Roberto Palazuelos, aspirante a una senaduría con Movimiento Ciudadano (MC).

Al ser entrevistada al salir de las instalaciones de la fiscalía, Romano responsabilizó a Palazuelos por el despojo del hotel Yoga Shala Tulum en Quintana Roo, que ocurrió en marzo de 2022 según información de Latinus.

Según información del medio Playa al día, el 9 de diciembre de 2009 la empresaria Lizbeth Romano Sánchez celebró un contrato de arrendamiento con don Cástulo Jiménez Sandoval a través de su representante de nombre Patricia Guadalupe Chao Puente.

Cástulo Jiménez falleció y en ese contexto aparece Roberto Palazuelos alegando que es el dueño del predio con documentos falsos identificados por el abogado Alvaro López Joers, mismo que en fecha del 24 de abril del año 2012 impugna el juicio de rescisión de contrato en el Tribunal Agrario, informando que la poderhabiente del ya finado Castulo Jiménez Figueroa es el señor Roberto Palazuelos.

Sin embargo, la empresaria señala que el licenciado López Joers le presenta a Roberto Palazuelos, en donde ofrece avalar la inversión de Lizbeth a cambio de que le firme un comodato por cuatro años ocho meses sin pago de renta, al ser una oferta económica aparentemente buena, la empresaria firmó ese comodato en el restaurante del Hotel Ahau, en fecha 1 de mayo del 2012.

El 17 de mayo del año 2012 asesinan al abogado Álvaro López Joers en su oficina de Tulum. En ese momento Palazuelos le notificó a la empresaria que el fallecido abogado le había entregado documentos del ejido para que los resguardara y que ahora él sería el encargado del juicio del Tribunal Agrario.

Otro escándalo que tuvo Palazuelos fue la relación de negocios que sostuvo con Manuel Jiménez Sandoval, mismo que falleció en mayo de 2022 preso en el Cereso de Chetumal por una denuncia penal de extorsión.

De acuerdo con una publicación de Reforma, Manuel Jiménez Sandoval, acusó a su ex-socio Roberto Palazuelos, del despojo de un hotel y unos terrenos en 2001, y luego recibió 22 años por una supuesta extorsión por 2 mil pesos que, asegura, le inventaron durante el gobierno de Borge según información de Vanguardia.

Tulum convertido en un destino de turismo de drogas

Desafortunadamente a raíz de los diversos despojos de tierras, invasiones de enormes expansiones territoriales donde existen asentamientos irregulares, desarrollo inmobiliario desmedido, gentrificación acelerada y un flujo de miles de turistas acudiendo a Tulum ha provocado un escenario de caos para el destino caribeño, aunado al modelo de entretenimiento ligado a conciertos de música electrónica donde el consumo de drogas es parte intrínseca de las celebraciones.

La realidad es que Tulum afronta múltiples retos sociales y el joven municipio se encuentra perdido en una espiral de corrupción que involucra la pérdida del rumbo del modelo turístico ante el secuestro de Tulum por parte de una mafia que ha corrompido al Poder Judicial para tomar el control de la zona turística y su actividad económica.

Ahora es el descaro total que uno de los presuntos miembros de esta mafia, sin ningún tipo de escrúpulos participe por una Senaduría del Estado de Quintana Roo buscando su inmunidad por medio del fuero constitucional.

Fuente: Realidades Quintana Roo