León, Gto.- La Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato (COSOC) pidió al Congreso del estado aclarar las observaciones derivadas de presuntas irregularidades por casi 250 millones de pesos en el manejo del Fideicomiso para Financiar Obras de Desarrollo Social y de Seguridad (Fidesseg). Exigen transparencia y la posibilidad de solventar los señalamientos con evidencia.
«Queremos espacios abiertos y respetuosos para conocer a detalle las observaciones y responder con claridad, datos y resultados», declaró la COSOC. También subrayaron la necesidad de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, y que cada peso se ejerza con responsabilidad.
Según la Auditoría Superior del Estado (ASEG), hay anomalías por casi 250 millones en el manejo del fideicomiso, y se recomendó recuperar al menos 170 millones 668 mil pesos.
En medio de este escándalo, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) promovió un amparo indirecto (1257/2024-VII) para frenar que el Congreso envíe el dictamen a la ASEG, y así evitar que se activen los procedimientos para la recuperación del dinero.
«Nos preocupa que la falta de información y garantías procesales genere sospechas injustificadas y afecte la reputación de todo el sector social, que ha demostrado responsabilidad y resultados», sostuvo la COSOC.
Las organizaciones aclararon que no están defendiendo intereses particulares, sino a los beneficiarios de sus servicios. “No podemos permitir que estos ciudadanos sean víctimas colaterales de pleitos políticos o procesos opacos”, añadieron.
También hicieron un llamado a las autoridades, partidos, medios y sociedad a no adelantar juicios, mientras no se aclare con precisión el uso de los recursos.
Por su parte, el CCEL defendió la asignación de los recursos, argumentando que las decisiones se tomaron en el Comité Técnico del Fidesseg, donde participan representantes empresariales de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y San Miguel de Allende. “Los criterios no fueron arbitrarios ni discrecionales”, aseguró el organismo.
Además, advirtió que el uso político o mediático de las auditorías sólo debilita la confianza ciudadana y pone en riesgo la cooperación entre sociedad y gobierno.
Cabe recordar que el Congreso aprobó la auditoría al Fidesseg el 24 de octubre de 2024. Un día antes, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo había publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto para extinguir el fideicomiso, creado en agosto de 2019.
“La transparencia no fue una característica del Fidesseg”, declaró entonces la mandataria, y cuestionó que a través de la Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato —ambas creadas poco antes del fideicomiso— se decidiera a qué organizaciones se entregaban los apoyos.
Actuando por Guanajuato recibió 65 millones de pesos y la Fundación Empresarial Guanajuato otros 83 millones, únicamente por fungir como intermediarios.
Empresarios lograron frenar la extinción del fideicomiso con otro amparo (1210/2024-VI), y desde entonces el gobierno estatal y los organismos empresariales mantienen una disputa legal por el control y destino de los recursos.
“Seguimos buscando el diálogo; lo peor que puede pasar es que el asunto se estanque en tribunales. Al final, quienes más pierden son las organizaciones civiles”, advirtió la gobernadora el pasado lunes.
EJ.
