La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) entregó al Congreso del estado un listado de 103 colonias a las que corresponden 211 quejas por falta de suministro de agua y mala calidad del líquido que distribuye el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Este es un segundo reporte, el cual eleva a 302 el número de sectores afectados y se suma a los registros previos que exigió la Legislatura local para integrarlos al padrón de asentamientos que recibirán un descuento de 80 por ciento en la tarifa del servicio, un beneficio que todavía sigue sin entrar en vigor.
La CEDHJ remitió los datos sobre los reclamos por desabasto y deficiencias en la calidad del agua potable en zonas de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, que están vinculados a la red de distribución del SIAPA.
Durante el periodo del 1° al 31 de agosto del presente año, el organismo defensor de derechos humanos recibió las 211 quejas por dichas fallas en el servicio, de las cuales diez corresponden a expedientes colectivos.
Originalmente, la CEDHJ señaló que existían inconformidades por mala calidad del agua o falta de abasto en al menos 600 colonias de la zona metropolitana, pero el gobierno del estado recortó esa cifra y estableció que únicamente 203 de éstas cumplían con los criterios para recibir el beneficio, una postura que finalmente prevaleció en el Congreso y en las instancias de decisión.
El pasado 7 de agosto, los integrantes de la junta de gobierno del SIAPA aprobaron, con 18 votos a favor y dos abstenciones, la aplicación del descuento de 80 por ciento para éste último número de sectores, de un total de 243 que propuso la CEDHJ en su momento.
A pesar de estos acuerdos y de la publicación del decreto correspondiente, los usuarios de las 302 colonias que ahora integran la lista consolidada siguen a la espera de que se aplique la reducción en sus recibos de cobro.
La CEDHJ precisó que la información que envió al Congreso local tiene un carácter estrictamente informativo y responde al mandato del decreto estatal, por lo cual “no representa un pronunciamiento técnico ni una determinación administrativa”, ya que la comisión no posee facultades legales para certificar las condiciones operativas del servicio de agua potable ni para validar la procedencia de los beneficios fiscales.
La evaluación técnica y jurídica de los datos corresponde de manera exclusiva a las autoridades competentes encargadas de aplicar la resolución.
