Ciudad de México. La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum perfila una reconfiguración profunda del sistema político mexicano, con un eje central: reducir costos y simplificar la estructura de representación legislativa.
Durante la presentación del proyecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa contempla disminuir en 25 por ciento el gasto destinado a la organización de elecciones, además de modificar la integración del Senado para eliminar las listas plurinominales.
Senado más compacto y sin plurinominales
Uno de los cambios más relevantes plantea reducir el número de senadores de 128 a 96. Con ello desaparecerían los escaños asignados por representación proporcional, manteniéndose únicamente 64 legisladores electos por mayoría relativa y 32 por primera minoría.
En la Cámara de Diputados, en tanto, se conservarían los 500 integrantes. De ellos, 300 serían elegidos en distritos electorales; 200 corresponderían a esquemas de representación proporcional y circunscripción, incluyendo ocho espacios reservados para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
Ajuste presupuestal y recorte a altos mandos
La reforma impactaría directamente en los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los tribunales en la materia, así como en el financiamiento público a partidos políticos.
Rodríguez subrayó que se prevé una reducción de salarios y prestaciones de consejeros y altos funcionarios electorales, en concordancia con el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República. Asimismo, se propone eliminar duplicidades administrativas entre instancias nacionales y locales.
El ajuste también alcanzaría al Congreso de la Unión y a los congresos estatales, además de los ayuntamientos. En el ámbito municipal se plantea fijar un tope máximo de 15 regidurías, determinadas según el tamaño de la población.
Fiscalización más estricta y sin efectivo en campañas
La iniciativa refuerza las facultades de fiscalización del INE, otorgándole acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían aportaciones en efectivo, obligando a que todos los recursos fluyan a través del sistema financiero formal y con apoyo de herramientas tecnológicas para su supervisión.
En materia de propaganda electoral, se propone reducir los tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos durante campañas.
Cambios en resultados preliminares y democracia participativa
Otro de los puntos plantea eliminar los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para que, una vez cerradas las casillas, inicien de inmediato los cómputos distritales.
La reforma también busca ampliar los mecanismos de democracia participativa —como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato— para que estén contemplados de manera regular en procesos locales.
Además, se incorporan disposiciones para prohibir el nepotismo en cargos de elección y establecer la no reelección a partir de 2030.
Regulación de Inteligencia Artificial y control del gasto
En el terreno digital, la propuesta obligaría a transparentar el uso de contenidos generados con Inteligencia Artificial en campañas, de modo que la ciudadanía pueda identificar cuándo se trata de materiales elaborados mediante estas tecnologías.
Por su parte, Pablo Gómez, quien coordinó la comisión encargada de la consulta sobre la reforma, argumentó que la reducción presupuestal responde al alto costo del sistema electoral. Recordó que en los comicios de 2024 el gasto total ascendió a 61 mil millones de pesos, distribuidos entre autoridades federales y locales.
La iniciativa, afirmó, busca evitar estructuras sobredimensionadas y fortalecer la función fiscalizadora del INE, sin que este intervenga en la designación de consejeros de los organismos locales.
De prosperar en el Congreso, la reforma marcaría uno de los cambios más amplios en la arquitectura electoral mexicana de las últimas décadas, con el objetivo declarado de reducir costos, cerrar espacios a la discrecionalidad y reforzar la vigilancia del dinero en la política.
