Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este miércoles la sentencia que obliga al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a pagar una indemnización por daño moral a la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza, luego de que el exfuncionario la señalara públicamente de presuntamente recibir sobornos en el contexto del caso Odebrecht.
La resolución, aprobada por unanimidad y sin discusión en el pleno del máximo tribunal, representa la primera sentencia firme en contra del exdirectivo relacionada con el escándalo de corrupción que involucró a la constructora brasileña. El proyecto, elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, determinó desechar el recurso de revisión promovido por Lozoya al considerar que el asunto no planteaba un tema de constitucionalidad que ameritara la intervención de la Corte.
El origen del litigio se remonta a agosto de 2020, cuando Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República con el objetivo de obtener un criterio de oportunidad dentro de las investigaciones por presuntos actos de corrupción. En ese documento acusó a diversos legisladores y funcionarios de haber recibido recursos de la empresa Odebrecht a cambio de respaldar la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dentro de ese mismo señalamiento, Lozoya aseguró que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le había pedido adquirir un artículo de lujo para la periodista y afirmó que ella formaba parte de un grupo de comunicadores que supuestamente recibieron beneficios económicos para mantener una cobertura favorable.
Tras dichas acusaciones, Mendoza Peñaloza interpuso una demanda civil por daño moral. En mayo de 2022, un juez federal resolvió a su favor al considerar que los señalamientos eran falsos y afectaron su reputación profesional. La resolución fue posteriormente confirmada en instancias de apelación y el amparo directo solicitado por Lozoya fue rechazado en 2023 al tratarse de un caso de responsabilidad civil y no de ejercicio de libertad de expresión.
En enero de 2024, el exfuncionario llevó el caso ante la Suprema Corte argumentando que sus declaraciones ante la fiscalía estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y su papel como denunciante dentro de una investigación penal.
No obstante, los ministros concluyeron que los argumentos presentados se limitaban a cuestiones de legalidad ordinaria y valoración de pruebas, sin plantear un problema constitucional. Con ello, quedó firme la sentencia que obliga a Lozoya a indemnizar a la periodista por el daño causado a su honor y reputación.
