Ciudad de México.— La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que durante su administración no se permitirá ningún desarrollo inmobiliario en el predio donde operaba el Refugio Franciscano y afirmó que no existe interés alguno por parte de su gobierno en ese terreno.
La mandataria capitalina explicó que el retiro de perros y gatos del lugar se realizó en cumplimiento de una orden judicial, luego de que las autoridades confirmaron condiciones de maltrato animal. Entre los hallazgos, detalló, se detectó la operación de un crematorio clandestino, lo que motivó que los animales quedaran bajo resguardo oficial.
Durante su intervención, Brugada presentó imágenes que evidencian el estado en que fueron encontrados los animales y advirtió sobre la difusión de información falsa en torno al caso. Señaló que resulta preocupante que se intente distorsionar la situación real cuando, dijo, las condiciones en las que vivían los perros y gatos eran inadmisibles.
“Nos inquieta que se utilice el discurso del bienestar animal para proteger intereses ajenos a esa causa”, sostuvo.
La jefa de Gobierno garantizó que los animales rescatados se encuentran en buen estado de salud, reciben alimentación adecuada, atención veterinaria y se encuentran en proceso de vacunación. Añadió que ahora permanecen en espacios seguros, con cuidados permanentes y rutinas de bienestar que no tenían anteriormente.
Como parte de las acciones derivadas del caso, anunció que su administración presentará una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de los refugios de animales, así como la construcción de un nuevo albergue, cuya conclusión está prevista en un plazo aproximado de cuatro meses.
En relación con los perros localizados en los terrenos donde se edifica una Utopía en la alcaldía Gustavo A. Madero, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, desmintió versiones difundidas en redes sociales que señalan su traslado a centros antirrábicos. Precisó que en los próximos días serán llevados a instalaciones de la Brigada de Bienestar Animal.
Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aclaró que el inmueble del refugio no fue asegurado y que la intervención de la autoridad se limitó a salvaguardar la vida de los animales. Detalló que en el sitio se localizó un incinerador de restos animales en condiciones precarias y fuera de la normatividad sanitaria.
Explicó que dicho incinerador operaba a cielo abierto, sin controles adecuados, lo que representaba un manejo irregular y riesgoso de cadáveres de animales, agravando el problema de insalubridad. Asimismo, señaló que el refugio carecía de registros adecuados sobre el ingreso, estancia y fallecimiento de los animales, así como de las causas de muerte.
