El Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a un amplio paquete de reformas legales orientadas a fortalecer la persecución y sanción de los delitos vinculados con la violencia de género. Las iniciativas, impulsadas por el Gobierno capitalino, fueron aprobadas por unanimidad y establecen cambios clave en materia penal, de atención a víctimas y de prevención.
Entre los puntos centrales destaca que el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, además de que la pena mínima de prisión se eleva de dos a cuatro años, acompañada de multas que pueden alcanzar los 113 mil pesos. A ello se suma la obligación de brindar atención psicológica especializada como parte de la reparación del daño a las víctimas, así como la imposición de talleres de reeducación con perspectiva de género para las personas agresoras.
Nuevos alcances legales y mayor claridad
La reforma también precisa conceptos fundamentales que, hasta ahora, dejaban margen a interpretaciones discrecionales. Se redefine el acto sexual para incluir tocamientos, caricias, roces corporales, así como exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. Asimismo, se incorpora de manera explícita el consentimiento como eje central, estableciendo que puede ser retirado en cualquier momento y que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no constituyen consentimiento cuando existe intimidación, abuso de poder, amenazas o una situación de vulnerabilidad.
En paralelo, se establece la persecución de oficio del llamado grooming, tipificado como acoso sexual contra menores de edad mediante el uso de tecnologías digitales. Además, se crea el delito específico de violencia familiar entre parejas y se amplía este tipo penal para sancionar conductas violentas dentro de relaciones de noviazgo.
Medidas de protección y violencia vicaria
Otro aspecto relevante es que el Ministerio Público queda facultado para dictar medidas de protección inmediatas en casos de violencia vicaria, así como para solicitar su ratificación ante un juez. Estas disposiciones buscan cerrar vacíos legales y ofrecer respuestas más rápidas ante situaciones de alto riesgo para las víctimas.
Reconocimientos y contexto político
Durante la presentación del dictamen en el pleno, la diputada de Morena, Cecilia Badillo Obregón, reconoció el impulso que desde distintos niveles de gobierno se ha dado a la agenda de protección de mujeres, niñas y adolescentes. Destacó las iniciativas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayando que la reforma aprobada responde a una realidad cotidiana de acoso y abuso en espacios públicos, el transporte, centros educativos, laborales y el ámbito doméstico.
Prevención desde la cultura cívica
Finalmente, las modificaciones alcanzan a la Ley de Cultura Cívica, donde se incrementan las sanciones por vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a personas o grupos, especialmente cuando se trata de familiares colaterales consanguíneos. El objetivo, señalaron legisladores, es frenar conductas que, de no atenderse a tiempo, pueden escalar hacia formas más graves de violencia o derivar en otros delitos.
Con estas reformas, el Congreso capitalino busca reforzar el marco legal para combatir la violencia de género, reducir la impunidad y colocar a las víctimas en el centro de la política pública.
