El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha intensificado la presión sobre México para permitir una mayor participación de fuerzas estadounidenses en acciones contra el narcotráfico dentro del territorio nacional. De acuerdo con un reporte publicado por The New York Times, la Casa Blanca ha planteado que unidades de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acompañen a las Fuerzas Armadas mexicanas en incursiones contra presuntos laboratorios de fentanilo, además de impulsar el uso de drones para realizar ataques aéreos contra cárteles.
El propio Trump ha declarado en reiteradas ocasiones que su gobierno cuenta con información precisa sobre la ubicación de líderes del narcotráfico en México y ha advertido sobre la posibilidad de “operaciones terrestres” en el futuro. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido públicamente que ha rechazado de manera sistemática cualquier propuesta que implique la presencia de militares estadounidenses participando en acciones armadas en suelo mexicano.
La difusión de estas versiones ocurre a escasos días de una reunión bilateral de alto nivel en materia de seguridad entre ambos países, lo que analistas interpretan como parte de una estrategia de presión de Washington para ampliar los esquemas de cooperación antinarcóticos. Dan DePetris, especialista en América Latina del centro de análisis Defense Priorities, explicó que la administración Trump busca visibilizar de forma más abierta el involucramiento de Estados Unidos, desde los centros de inteligencia hasta las operaciones en campo.
Según el diario neoyorquino, funcionarios estadounidenses han propuesto que sus fuerzas participen directamente en los operativos liderados por México, con capacidad de influir en decisiones estratégicas durante las misiones. Aunque, de manera oficial, se plantea que el papel de Estados Unidos sería de respaldo —mediante inteligencia y asesoría—, las conversaciones revelan un interés por asumir un rol más determinante en las acciones contra el fentanilo.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha rechazado esta propuesta. En su lugar, ha presentado alternativas que incluyen el fortalecimiento del intercambio de información y una mayor presencia estadounidense en los centros de mando. De hecho, el propio New York Times reconoce que ya existen asesores de Estados Unidos en instalaciones militares mexicanas, donde colaboran en el análisis de inteligencia para apoyar operativos antidrogas.
La cooperación bilateral en esta materia ha estado históricamente marcada por la opacidad. Durante años, ambos gobiernos han procurado minimizar o mantener en reserva el grado de intervención de agencias estadounidenses en operativos realizados en México. Un ejemplo de ello salió a la luz durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, cuando un agente de la DEA relató cómo participó activamente en la captura del capo en Mazatlán en 2014, incluso portando armamento y uniforme similar al de los marinos mexicanos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el papel de la DEA fue acotado de manera significativa, lo que generó tensiones con esa agencia y con sectores del gobierno estadounidense. No obstante, una investigación de Reuters reveló que, en los últimos años, México amplió su cooperación con la CIA, particularmente en labores de inteligencia encubierta para ubicar a objetivos prioritarios del narcotráfico, en coordinación con unidades especiales de las Fuerzas Armadas.
El Times señala que, aunque en décadas pasadas predominó la desconfianza entre ambos países, esta se ha reducido gradualmente, dando paso a una colaboración más estrecha, especialmente en el intercambio de información. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha precisado que en México operan menos de varios cientos de agentes de seguridad estadounidenses, todos desarmados y con autorización del gobierno mexicano.
Pese a ello, gran parte de esta cooperación continúa desarrollándose fuera del escrutinio público. DePetris subraya que, independientemente del partido en el poder, los gobiernos mexicanos buscan acceso a la inteligencia estadounidense, pero exigen que la presencia de Washington se mantenga discreta. En la misma línea, Aileen Teague, académica de la Universidad Texas A&M y especialista en la historia de la cooperación antidrogas bilateral, afirma que las acciones directas de Estados Unidos en México han sido excepcionales y rara vez reconocidas de manera oficial.
Trump y altos funcionarios de su administración han insistido en que México debe “hacer más” para combatir al narcotráfico. Para el mandatario, lograr concesiones visibles de otros gobiernos representa una victoria política, y algunos observadores consideran que autorizar algún tipo de operación conjunta —o ampliar nuevamente el papel de la DEA— sería presentado por Trump como un logro personal.
La idea de atacar con drones o bombardear presuntas posiciones del narcotráfico en México no es nueva. Trump ya había planteado esa posibilidad durante su primer mandato, aunque en aquel momento fue descartada por la cúpula militar estadounidense. Sin embargo, el tema ha resurgido recientemente.
De acuerdo con el New York Times, funcionarios mexicanos enfrentan una creciente presión, ya que dentro del gobierno estadounidense hay sectores que promueven ataques con aeronaves no tripuladas contra supuestos laboratorios de drogas. El diario advierte que una acción de este tipo representaría una grave violación a la soberanía nacional y podría debilitar de manera significativa al Estado mexicano.
