Ciudad de México, 18 de septiembre de 2024.- Integrantes de la comisión coordinadora del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), quienes acompañaron en el pleno de la Cámara de Diputados la discusión de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, recibieron con beneplácito la histórica votación a favor de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, quienes aprobaron por unanimidad el dictamen en lo general y en lo particular, como acto de justicia elemental para resarcir la deuda con los pueblos del México profundo.
La coordinadora del CNPI, Yaneth Cruz Gómez, reconoció y agradeció la buena voluntad “manifestada a favor de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Esperamos por muchos años esta reforma constitucional y hoy es ya una realidad; honramos la memoria y lucha de nuestros mayores y mayoras que ya no fueron testigos de este momento histórico en la que el Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy nos despojamos de ser considerados menores de edad, dejamos de ser tutelados, hoy ganamos una lucha en la que reivindicamos nuestra existencia en nuestro Estado mexicano, en el que se han reconocido nuestros derechos inalienables”.
Hizo un llamado a la Cámara de Senadores una vez que sea turnado dicho dictamen, para que estén a la altura de la demanda histórica y voten por el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que por años les han sido negados.
Sin distinguir partidos ni colores, las y los legisladores aprobaron en lo general con 492 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra, y en lo particular, con 483 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra; calificaron el hecho como un paso histórico en la lucha de los derechos elementales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano.
En la discusión, las y los diputados afirmaron en varias intervenciones, que cumplen la encomienda del pueblo de México de hacer justicia a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Señalaron que la reforma atiende las demandas ancestrales de los pueblos porque reconoce sus derechos fundamentales y es un paso necesario para hacer realidad un país pluricultural, justo y democrático, en el que México sea realmente la casa de todos; es indudable su progresividad en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicano.
Resaltaron que el corazón de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se señaló que, con esta nueva disposición, se reconoce la capacidad que tienen nuestros pueblos para hacerse cargo de su vida y destino, así como de participar en la vida pública como entes colectivos, con pleno respeto a su cultura e identidad, sus formas de organización y de gobierno, así como sus sistemas normativos.
En el pleno destacaron que, para construir el texto de la iniciativa, se realizó un proceso de diálogo y consulta previa, libre e informada en todo el país, en el que participaron de manera libre y democrática en 54 asambleas regionales y en el foro nacional realizado en 2019, así como en las 62 asambleas regionales en 2021, donde en unidad acordaron los pueblos y comunidades los derechos fundamentales que debían estar contenidos en una reforma constitucional.
Es importante señalar que la reforma en materia indígena también contempla el fortalecimiento de los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía; en particular, para consolidar sus formas de gobierno y organización, así como para aplicar y desarrollar sus sistemas normativos y la jurisdicción indígena. Mención especial merece la protección de su patrimonio cultural, la propiedad intelectual, la construcción de modelos educativos, así como la protección a la salud y medicina tradicional.
De la misma manera, se destaca la garantía de conservar y mejorar el hábitat, preservar la bioculturalidad y la integridad de las tierras, incluidos de manera especial los lugares sagrados de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano. Ahora se confiere sustento constitucional a su derecho al desarrollo y a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, tal como estipula el derecho internacional.
También se establece una serie de derechos específicos para los pueblos y comunidades afromexicanas, a fin de que puedan ejercer su libre determinación, como ser incluidos en censos y encuestas, la protección de la identidad cultural, conocimientos y aportes y contribuciones en la historia nacional.
En suma, se trata de una reforma integral que considera los derechos fundamentales de los pueblos; además, retomó el espíritu de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas y hace viable el ejercicio de los derechos inalienables en todos los ámbitos y órdenes de gobierno. Esta reforma abre las puertas para alcanzar la dignidad y justicia que durante siglos han demandado los pueblos del México profundo.