Aunque desde 2020 se han presentado más de 50 iniciativas legislativas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), México aún no cuenta con una ley vigente —ni a nivel federal ni local— que regule formalmente esta tecnología. El país se encuentra en una fase temprana de exploración normativa, con avances desiguales y una evidente falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, legisladores y organismos autónomos.
A pesar de que existe una creciente preocupación por los impactos éticos, sociales y económicos que puede tener la IA, no se ha logrado consolidar un marco legal robusto que supervise su desarrollo y uso. Mientras que regiones como la Unión Europea ya implementan legislaciones avanzadas —como el AI Act— y Estados Unidos ha optado por una moratoria federal para evitar regulaciones estatales desarticuladas, México se debate entre la urgencia de legislar y la prudencia institucional.
De acuerdo con Iván Vladimir García, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, entre 2020 y 2024 se contabilizan al menos 58 propuestas legislativas que hacen referencia explícita a la inteligencia artificial. Sin embargo, ninguna ha logrado convertirse en ley.
“Las iniciativas tocan temas variados: ética algorítmica, ciberseguridad, protección de datos personales, gobernanza digital y soberanía tecnológica. No obstante, la mayoría carece de articulación y no tienen carácter vinculante”, señala García en su ensayo El camino hacia una regulación de la inteligencia artificial en México.
Una de las propuestas más completas fue presentada en abril de 2023 en la Cámara de Diputados. Inspirada en las recomendaciones de la UNESCO, proponía la expedición de una «Ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica», basada en la evaluación de riesgos por tipo de sistema y contemplaba la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Pese a su alcance, el proyecto quedó congelado y no ha sido retomado desde entonces.
En el ámbito local, la Ciudad de México ha dado un paso más decidido. En marzo de 2025, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO CDMX) presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de ley para regular el uso de la IA en la administración pública. Esta propuesta establece principios rectores como la transparencia, la protección de datos, la inclusión, la rendición de cuentas y la no discriminación algorítmica.
“La intención es salvaguardar los derechos digitales de los ciudadanos frente al uso creciente de tecnologías que automatizan decisiones gubernamentales”, explicó la diputada Guadalupe Morales Rubio, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
El proyecto también plantea la creación de un Centro de Inteligencia Artificial capitalino, responsable de coordinar la implementación de la normativa, emitir lineamientos y promover buenas prácticas. No obstante, su ámbito de acción se limita al gobierno local y deja fuera al sector privado y a otros niveles de gobierno.
Mientras tanto, la IA ya forma parte de diversas funciones dentro del sector público mexicano. Según un estudio del CIDE, al menos 119 aplicaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial se utilizan actualmente en áreas como vigilancia, salud, justicia y seguridad pública. Sin embargo, el mismo estudio advierte sobre una preocupante falta de transparencia: no hay información clara sobre cómo operan estos sistemas, qué criterios utilizan, si han sido auditados o si cumplen con principios básicos de legalidad y equidad. En muchos casos, ni siquiera hay registros públicos de su existencia.
Otro punto crítico es la protección de datos personales. Aunque en marzo de 2025 se promulgó una nueva ley en esta materia, el texto no aborda de manera específica el tratamiento automatizado ni el perfilamiento algorítmico, lo que deja vacíos legales frente al avance de estas tecnologías.
Mientras México apenas inicia el debate legislativo, otros países ya implementan marcos normativos más definidos. En noviembre de 2023, potencias como la Unión Europea, Estados Unidos, China, Canadá y Brasil dieron pasos firmes en la regulación de la IA. El caso europeo destaca por su enfoque basado en el nivel de riesgo, que incluso prohíbe ciertos sistemas considerados inaceptables. Por su parte, Estados Unidos tomó un camino distinto: en 2025, la Cámara de Representantes aprobó una moratoria de diez años que impide a los estados legislar por separado sobre IA, como parte de un paquete presupuestal impulsado por el presidente Trump y legisladores republicanos bajo la polémica «Big Beautiful Bill Act».
Esta decisión ha sido criticada por especialistas y activistas, quienes advierten que la moratoria limita la capacidad de reacción de gobiernos locales frente a los desafíos éticos y sociales que implica la automatización.
Sin una legislación clara, México corre el riesgo de convertirse en un simple consumidor de tecnologías extranjeras, sin herramientas legales para exigir que estas respeten los principios constitucionales del país.