Guanajuato, Gto. – La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de siete hectáreas de terreno en la Sierra de Santa Rosa, en el municipio de Guanajuato, donde se construía ilegalmente el fraccionamiento campestre «La Cucursola», propiedad del exdiputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba.
El aseguramiento, ocurrido el pasado 30 de julio, se dio como parte de una investigación penal iniciada tras la denuncia presentada por la organización ecologista Acción Colectiva Socioambiental, que acusa al exlegislador y a exfuncionarios municipales de presuntos delitos ambientales y de gestión irregular del territorio.
Gustavo Lozano Guerrero, representante de la agrupación, exigió a las autoridades estatales y federales que el proyecto sea clausurado de forma definitiva y que se sancione a los responsables por el daño ecológico causado. Además, subrayó la necesidad de ordenar la restauración ambiental del predio.
“El caso de La Cucursola demuestra un patrón de simulación institucional, donde se manipula la ley para beneficiar intereses privados, mientras se protege a los responsables con el aparato gubernamental”, denunció Lozano.
De acuerdo con la denuncia, el proyecto —que contempla 49 lotes campestres— se inició en 2019 con permisos municipales presuntamente irregulares, expedidos durante la gestión del exalcalde panista Alejandro Navarro Saldaña. Lozano señaló que incluso se otorgaron licencias de urbanización, cambio de uso de suelo, permisos de venta y autorizaciones de impacto ambiental sin contar con las validaciones federales obligatorias.
Según lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, era indispensable contar con una Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo en zonas forestales, lo cual no ocurrió.
El 12 de agosto de 2024, la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial —hoy Secretaría del Agua y Medio Ambiente— reconoció que el proyecto debió haber iniciado con estos requisitos federales, sin los cuales los permisos estatales o municipales carecen de validez legal.
“Los funcionarios responsables no sólo incumplieron su deber de proteger el medio ambiente, sino que facilitaron activamente un proyecto que viola la legislación ambiental y amenaza una de las zonas ecológicas más importantes de Guanajuato”, afirmó Lozano.
La FGR continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el grado de participación de los exfuncionarios involucrados.
