Miami, Florida. Una jueza federal ordenó el cese definitivo de operaciones del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en medio de los pantanos de los Everglades sin consulta pública ni estudios de impacto ambiental. La sentencia, emitida la noche del jueves, otorga un plazo de 60 días para el desmantelamiento parcial de las instalaciones, prohibiendo su expansión y la reubicación de más detenidos.
La decisión responde a una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas —Amigos de los Everglades, Earthjustice y el Centro para la Diversidad Biológica— así como por la tribu nativa Miccosukee, quienes argumentaron que el sitio pone en riesgo un ecosistema único y sagrado, y fue desarrollado en violación de leyes federales.
Una instalación ilegal en tierras protegidas
El campamento, levantado en apenas ocho días sobre la pista del Aeropuerto Dade-Collier, dentro de una reserva catalogada como Patrimonio Mundial por la UNESCO, comenzó a operar a finales de junio, con capacidad para albergar hasta 5,000 personas. Fue inaugurado con el respaldo del expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, quienes lo presentaron como una solución expedita para procesar y deportar migrantes.
Sin embargo, la jueza Kathleen Williams determinó que su operación viola las leyes ambientales y las normas de protección sobre la Reserva Nacional Big Cypress, una zona de altísima sensibilidad ecológica. En su fallo, subraya que todos los niveles de gobierno han reiterado su compromiso con la conservación de los Everglades, y que esta orden “no hace más que exigir el cumplimiento de esa promesa”.
Aunque previamente había emitido una suspensión temporal, la jueza ahora prohíbe cualquier expansión del centro, así como el ingreso de nuevos detenidos. También ordena desinstalar cercas, luces artificiales, generadores y sistemas de desecho, aunque permite que algunas estructuras habitacionales permanezcan de forma provisional. No obstante, dicta su eventual desmantelamiento.
Victoria legal para ambientalistas y pueblos originarios
Los demandantes celebraron el fallo como una victoria histórica. Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, afirmó que la resolución “envía un mensaje claro: incluso los líderes más altos deben respetar las leyes ambientales, y su incumplimiento tiene consecuencias”.
Por su parte, el jefe tribal Talbert Cypress, de la tribu Miccosukee, recordó que los Everglades son territorio ancestral de su pueblo. “Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y nuestra tierra. Cuando se trata de nuestra patria, no hay concesiones”, declaró.
La comunidad Miccosukee aportó mapas judiciales que identifican decenas de sitios sagrados en las inmediaciones del centro de detención, ubicado a menos de 20 kilómetros de sus poblados.
Acusan violaciones a derechos humanos
Además del daño ecológico, el centro ha sido objeto de múltiples denuncias por condiciones inadecuadas. Migrantes detenidos han reportado falta de higiene, alimentación deficiente y presiones para aceptar la deportación. Incluso, abogados de inmigrantes presentaron una demanda adicional, al considerar que sus clientes no tenían acceso adecuado al sistema judicial por la lejanía del centro. Un juez determinó trasladar dicho litigio a un tribunal en el centro de Florida para su resolución.
Pese a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la demanda original como “infundada” y ha defendido la legalidad del centro, operado conjuntamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Estado de Florida y el condado de Miami-Dade.
Un “río de hierba” bajo amenaza
Los Everglades, conocidos como el “río de hierba”, constituyen uno de los ecosistemas más importantes de Norteamérica. Este extenso sistema de humedales transporta agua desde el lago Okeechobee hasta la bahía de Florida, regula inundaciones y abastece de agua dulce a millones de personas. No obstante, ha sufrido alteraciones severas debido a la agricultura intensiva y la urbanización.
Desde hace décadas, el gobierno federal ha invertido miles de millones de dólares en su restauración. La instalación de Alligator Alcatraz representaba, según los demandantes, una amenaza directa a esos esfuerzos.